La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, en caso de ser espiada, se preocuparía si hay algo malo.
Sin embargo, la mandataria capitalina manifestó ser muy transparente en su actuar y no le van a encontrar algo al respecto.
"Me preocuparía si hubiera algo malo; pero, en nuestro caso, somos muy transparentes, así que, habrá quien, no creo que se sigan dando esas prácticas, pero si se llegaran a dar, no van a tener nada que encontrar", afirmó en conferencia de prensa tras cuestionamientos sobre presuntos espionajes, a raíz de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia local.
Al ser cuestionada sobre si desarrollaría el Gobierno de la Ciudad un sistema antiespionaje para detectar si está ocurriendo, respondió que no lo tienen contemplado.
"Nosotros creemos en la libertad y creemos en la responsabilidad de los servidores públicos y en la honestidad de los servidores públicos que trabajan en la ciudad", dijo.
Siguen las indagatorias
En un mensaje a medios de comunicación, el Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó sobre las investigaciones sobre una operación de espionaje posiblemente financiada con recursos públicos y ejecutada por funcionarios de la anterior administración capitalina.
En la madrugada de hoy, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio cumplimiento a dos órdenes de cateo y, durante la ejecución de una de ellas, aprehendió a Jesús Noé "N", quien contaba con una orden de aprehensión, por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado.
Jesús Noé "N" fue asegurado en un inmueble en la colonia San Diego Ocoyoacac, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y después fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte donde fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió.
"Esta persona era uno de los servidores públicos que posiblemente almacenaba la información del espionaje en memorias USB y con ellas realizaba presentaciones, las cuales entregaba a las personas que las analizaban para el visto bueno correspondiente. Hecho lo anterior, dichas personas las entregaban a los destinatarios finales; toda esta actividad ilícita presumiblemente la realizaban en el inmueble ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en el Centro de la Ciudad", detalló.
El segundo cateo fue ejecutado en un inmueble de la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero.
En la revisión del inmueble se recabaron indicios consistentes en medios electrónicos, como dos computadoras y cuatro memorias USB.
En ambas diligencias, efectuadas de manera paralela, participaron fiscales, agentes del Ministerio Público y detectives de la Policía de Investigación, en estrecha colaboración con expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en diversas especialidades.
El Vocero recordó que ministerios públicos formularon imputación contra José Roberto “N”, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada.
Le fue ordenada prisión preventiva justificada y tuvo funciones de mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina, posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delitos.
En el mensaje Ulises Lara aprovechó para detallar el modus operandi:
La operación fue posiblemente orquestada entre 2013 y 2018 desde el Gobierno Central, que giraba instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas desde el multicitado inmueble de la calle Manuel Márquez Sterling.
Se cuenta con indicios para conocer que los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina.
Dichos funcionarios, posiblemente solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General de la otrora Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara de llevar a cabo todas las actividades de espionaje, al fijar sus objetivos y a los personajes a los cuales se les violaría su privacidad.
A través de este nexo, se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener financieramente a la célula. A su vez, dicho servidor público de la Procuraduría General probablemente remitía sus informes y principales hallazgos a funcionarios del gobierno central.
Se organizó un equipo constituido de 30 personas, que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la Procuraduría General para que realizara tanto las actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo.
Este equipo, a su vez, reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ encargado de dirigir la organización. Dichos servidores públicos se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes con fines político-electorales.
"Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía, cuyos nombres reservamos en apego a la Ley y en respeto a la dignidad de las personas", explicó Lara.
dhfm
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