El municipio de Huixquilucan, Estado de México presentó una controversia constitucional porque no se incluyó a este nivel de gobierno como sujetos autorizados para comprar vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y por la falta de respuesta de la Secretaría de Salud a la solicitud para realizar la compra o adquirir las dosis.
La Primera Sala del máximo tribunal determinó que, aunque no se incluye expresamente a los municipios para coadyuvar en la implementación de esa política nacional, esto no les impide celebrar convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos estatales para aplicar la vacuna.
Según los integrantes de la Sala, los municipios no tienen competencia conferida directamente para prestar servicios de salud, por lo que su intervención en la prevención y control de enfermedades transmisibles es la que se determine a través de convenios.
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“Conforme a la Ley General de Salud, en la que se delinea y establece el sistema de distribución de competencias concurrente en materia de salud, son las entidades federativas y no la federación las que permiten a los municipios actuar en esa materia dentro de sus jurisdicciones y en función de las atribuciones que les sean otorgadas por las leyes locales”, señaló la Corte.
El municipio impugnó el “Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2021.
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