Empresarios y especialistas coincidieron en que se puede negociar en el tema eléctrico sin la necesidad de la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron que la propuesta implica apagones, aumento de la inflación y pérdida de empleos.
Durante el décimo quinto foro del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica del titular del Ejecutivo “El cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico”, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos, señaló que el sector que representa no está de acuerdo con que se modifique la Constitución, pues ello entorpece la llegada de inversiones futuras.
“Tenemos que revisar la propuesta de hacer o no un cambio constitucional, yo en representación de Canacintra no estoy de acuerdo en que se toque la Constitución para este tema por querer dejar un legado político porque vamos a entorpecer la llegada de inversiones futura y las necesidades del pueblo de México”, señaló el empresario.
En tanto, Miguel Ángel Marmolejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explicó que, de aprobarse la iniciativa en sus términos, la participación del 46 por ciento de generadores privados se convertirá en letra muerta pues la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento tendría la calificación de área estratégica donde el Estado ejercerá de manera exclusiva.
Al posicionarse a favor de la iniciativa, Mario Díaz, coordinador de Estudios Económicos de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que se requiere que la ciudadanía pague por la electricidad un bajo costo sin que esto implique poner en riesgo la estabilidad del sistema.
En tanto, Mario Morales, presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la Dirección Corporativa de Planeación de la CFE, aseguró que la actual administración ha intentado modificaciones que rigen al modelo eléctrico sin éxito, pues el sector privado se ha opuesto mediante recursos de amparo. “Hoy hay 4 mil 250 amparos presentados por cámaras empresariales, asociaciones de energía, empresas y la Cofece”, señaló.
Luego de los cuestionamientos de diputados, el presidente de Canacintra subrayó que la reforma es una expropiación suave e incluso un atropello a los derechos de quienes contrataron las centrales eléctricas. Agregó que se puede arreglar el mercado de capacidades, pero eso no requiere una modificación constitucional, sino ponerse de acuerdo en las leyes reglamentarias.
Añadió que la aprobación de la iniciativa afectaría a cerca de 44 mil millones de dólares en el sector privado, por lo cual advirtió que se interpondrán controversias constitucionales.
Por Elia Castillo e Iván E. Saldaña
dhfm
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