El 13 de noviembre del 2022, partidos opositores y diversas organizaciones civiles convocaron a una marcha a favor del INE, bajo la consigna “El INE no se toca”. Esto, para levantar la voz contra el proyecto de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador, que proponía principalmente lo siguiente:
- Sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que perdería la atribución de conformar el padrón electoral.
- Elección por voto popular de los magistrados del TEPJF y los consejeros del INE, cuyo número se reduciría de los 11 miembros actuales a siete.
- La eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE), que de forma autónoma organizan las elecciones locales en cada uno de los estados.
- Reducción de la cantidad de diputados, senadores y regidores en los ayuntamientos; así como el presupuesto público para partidos políticos.
- Implementación del voto electrónico.
Diversos críticos afirmaron que el reducir los recursos que se entregan al INE y a los partidos políticos, era una forma de secar de recursos a la oposición; así como que la reducción del número de legisladores, daría más poder a Morena y menos a los partidos más pequeños y de oposición.
Politizar al INE
Asimismo, la propuesta en la que se pretendía reducir la estructura interna del INE, argumentando un supuesto ahorro, denota ignorancia, ya que el trabajo del INE va más allá de la organización de la jornada electoral. Si en algo no hay que escatimar es en la calidad de la garantía de nuestros derechos políticos.
En cuanto a que los magistrados y consejeros del INE sean nombrados mediante el voto popular y propuestos por el Poder Ejecutivo, no asegura una mejor calidad de los perfiles ni su independencia ni la legitimidad de estos. Lo que hace es politizar a organismos que deben ser imparciales y objetivos.
Ahora bien, tras el fracaso de la propuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el plan B del ejecutivo, una iniciativa que consistía en reformar leyes secundarias, pero que fue turnada a comisiones (para ser revisada) por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del partido opositor Acción Nacional (PAN), Santiago Creel.
Mientras tanto, Morena y sus aliados presentaron otra iniciativa, el llamado plan C que, al igual que el plan B, considera cambios a diversas leyes secundarias. Esta iniciativa, que fue aprobada por la vía rápida, pasó con 261 votos a favor y 216 votos en contra, aunque sin la oposición que abandonó el pleno del Congreso cuando fue votada.
¿Cuáles son algunas de las propuestas del Plan C?
Se retribuye a los partidos financiamiento estatal y permite a los que están en riesgo de perder su registro, seguir en el sistema político, gracias a las facilidades para acreditar la votación.
Se plantea restar autonomía presupuestal del INE, que consiste en la posibilidad de establecer la forma de ejercer su presupuesto y determinar las percepciones de su personal. Todo servidor público de esa institución deberá someterse al tope del salario presidencial.
Ante irregularidades como la omisión a presentar informes de gastos de precampaña la sanción afectará al precandidato que no podrá ser registrado como abanderado, pero se garantizará el derecho del partido a registrar a otro abanderado. También se impide que vía sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designe directa o indirectamente a dirigentes partidistas.
Se establece que el TEPJF sólo tendrá atribuciones para ordenar la reposición de procedimientos en caso de que se confirmen irregularidades. Pero no podrá “nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas”.
La posibilidad del voto de las personas en reclusión y el voto de las personas con discapacidad en estado de postración. También las facilidades para el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular.
El Plan C es una venganza
“¿Plan B o V de Venganza? (...) se desechó la reforma electoral constitucional en Cámara de Diputados. Ergo: se mantiene el INE autónomo, no se le quita el padrón electoral y sigue el Servicio Profesional electoral. Ahora a cuidar que en la legislación secundaria no se quiera atentar contra la Constitución”, cuestionó ante medios de comunicación Ciro Murayama, Consejero Electoral.
“Una reforma hecha a la carrera, afinada a hachazos, con un tufo evidente de venganza en contra de una institución que se negó a caer en los chantajes de 2006 y 2012. Un ataque perpetrado en el último tercio de una administración desesperada por garantizar, al precio que sea, la permanencia de un proyecto que ha deconstruido instituciones, ha sembrado el divisionismo e impulsado el resentimiento social. Y sin embargo es el gran beneficiario de los principios que ha defendido el IFE-INE: legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, afirmó el periodista Luis Miguel Rionda.
Por lo que el paquete de reformas se turna al Senado de la República para su discusión y votación.
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