El 7 de febrero de este año 2025, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley del ISSSTE, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud y a la vivienda para los trabajadores del Estado, jubilados, pensionados y sus familias.
Sin embargo, la desinformación sobre la iniciativa y la presencia de otros temas de debate más complejos, llevaron a la Presidenta a retirarla formalmente, a fin de abrir el diálogo con los diversos sectores de trabajadoras y trabajadores, por un lado; y de encontrar vías más rápidas y directas, no necesariamente legislativas, para concretar los proyectos en materia de salud y vivienda.
En materia de vivienda, la iniciativa del 7 de febrero pasado planteaba establecer las bases para dos líneas de acción ampliamente benéficas para las personas acreditadas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La primera estaba orientada a ayudar a quienes sostienen deudas problemáticas y hasta impagables con el FOVISSSTE, a través de tres tipos de programas:
1) Congelamiento de la deuda para evitar que siga creciendo y facilitar su pago.
2) Quitas a los grandes endeudamientos, especialmente para apoyar a jubilados y pensionados.
Y, 3) Condonación de las deudas que ya han sido pagadas dos o más veces.
La segunda línea estaba orientada a recuperar las facultades del FOVISSSTE en materia de construcción, rehabilitación y mejoramiento de vivienda, que tenía desde la Ley del ISSSTE de 1960, ratificadas en las reformas de 1983 y 1985, y arrebatadas por la Ley del 2007.
Se trataba de que el FOVISSSTE no se limitara a ser sólo un administrador de créditos, pues estos, en muchas ocasiones, no pueden ser colocados en el mercado inmobiliario, debido a los altos costos de la vivienda privada y los bajos ingresos de algunos empleados.
Evidentemente se trataba de objetivos nobles que podrían haber quedado interrumpidos por el retiro de la iniciativa del 7 de febrero de 2025.
Por fortuna, la Presidenta ha planteado que dichos objetivos se concretarán, incluso, si es necesario, recurriendo a instrumentos administrativos.
Más allá de las dificultades que se presentan, o de las vías e instrumentos normativos que se requieran para su realización, lo cierto es que el derecho de las familias de las y los trabajadores del Estado, maestras y maestros incluidos, de acceder a una vivienda, está renaciendo en estos días de transformación.
POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE
@MARTIBATRES
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