La fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados, busca reformas a fin de establecer en lugares públicos el apoyo de especialistas en comunicación para que auxilien y orienten a personas con discapacidad.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el petista Jesús Fernando García, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, por ello, propone reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de este sector de la población, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, celebren convenios con los sectores privado y social, para establecer en locales de concurrencia pública el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para el auxilio y orientación a las personas con discapacidad.
La propuesta turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señala que es necesario definir estrategias a aplicar, para revertir y prevenir aquellas acciones y actitudes que signifiquen discriminación a las personas con discapacidad, así como asegurarles el respeto irrestricto a sus derechos humanos, garantizándoles igualdad de oportunidades individuales y colectivas para su plena inclusión social.
"Es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales", señala en su argumentación la iniciativa.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9 por ciento del total de la población del país, de los cuales el 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.
En la iniciativa se explica que las personas con discapacidad, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios que les mejore su acceso a mayores oportunidades de integración, para hacer realidad los postulados a cargo de las instituciones públicas.
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