Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habló del accionar del organismo que encabeza en los pasados comicios del 6 de julio y rechazó que tengan la facultad de determinar si una persona cometió un ilícito electoral.
“No tenemos competencia para determinar si hay una irregularidad electoral”, expresó en entrevista con Alejandro Cacho en su programa República H en El Heraldo Televisión. Sin embargo, apuntó que tienen la obligación de entregar este tipo de información a las autoridades competentes.
Y es que el funcionario público señaló que el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó la información sobre las pasadas elecciones al Instituto Nacional Electoral (INE).
Explicó que hicieron una revisión de todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral más grande en la historia del país. Además, realizaron un análisis de más de 12 mil personas físicas y morales, donde encontraron casos de empresas fachadas para financiar campañas.
Casos Nuevo León y San Luis Potosí
Nieto adelantó que ya entregó la información correspondiente al INE sobre las posibles transferencias ilícitas en la campaña de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC).
A su vez, apuntó que entregaron información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los presuntos actos de evasión y defraudación fiscal.
En cuanto al caso de Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el titular de la UIF mencionó que lograron detectar operaciones inusuales de financiamiento.
Estás presuntamente fueron realizadas por el gobierno de Tamaulipas, gobernado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de la Secretaría de Finanzas local. Aseguró que hay un reporte, donde está expreso el nombre del mandatario estatal.
Recordó que ya son cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Por lo que exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie al respecto de las dos controversias constitucionales en el caso de desafuero del gobernador tamaulipeco.