Este viernes, 23 de julio, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, comenzará su gira por Estados Unidos para denunciar ante las autoridades norteamericanas la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio.
El mandatario estatal anunció que sostendrá una reunión con asociaciones migrantes en el estado de California, mediante la cual se les informará el estado que guarda la entidad ante el cierre de su administración.
Posterior a ello, el día domingo volará a Chicago y después a Washington en donde iniciará sus acercamientos con representantes de la comunidad hispana y congresistas, ahí, aseguró, expondrá las pruebas por las que sostiene que se llevó a cabo una narco elección en Michoacán.
Precisó que buscará tener contacto con la titular del Departamento de Estado, Kamala Harris, además de que afirmó que presentará el caso que aqueja a Michoacán ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Desde finales del pasado mes de junio, Aureoles Conejo empezó con lo que terminó "una cruzada" para evitar que llegue a Michoacán un narco gobierno, toda vez acusa que hubo intervención del crimen organizado en las elecciones a gobernador en favor del candidato del Partido del Trabajo y Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.
A través de esta supuesta defensa a la democracia en la entidad, el jefe del ejecutivo estatal intentó concretar una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en al menos dos ocasiones, en las que el mandatario federal se negó a atenderlo por considerar que este era un tema electorero.
Pese a la negativa de la presidencia, Silvano Aureoles presentó sus pruebas en la Suprema Corte de la Nación, en la Fiscalía General de la República, en el Congreso de la Unión y ante en el Instituto Nacional Electoral (INE), con la idea de ser recibido ahora por representantes del gobierno norteamericano.
No obstante, el artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de presión para todo aquel mexicano que incurra en el delito de Traición a la Patria, el cuál se configura como cualquier intento de que autoridades extranjeras intervengan en la vida pública de México con ayuda de un mexicano.