Cada quincena, las actualizaciones de datos correspondientes al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI propician una serie de debates en torno a la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Este debate ha sido más fuerte desde el 2020 debido a los movimientos en los precios generados por la llegada del coronavirus. Primero, en abril del 2020 la inflación general anual fue del 2.1%, nivel debajo del objetivo del Banco de México (3% +/- 1%), pero ha sido hasta los primeros meses del 2021 cuando el debate cobró mucha más intensidad, pues para abril del 2021, la inflación general anual fue del 4.67%, marcando una tendencia a la alza y fuera del objetivo del BANXICO, hasta alcanzar el 5.88% para el mes de junio del presente año.
La consecuencia más inmediata de la inflación es la erosión del dinero, el deterioro del poder adquisitivo. En México, uno de los bienes cuyo precio se ha visto más afectado por este efecto erosivo ha sido el gas licuado de petróleo (LP). Cualquiera que haya llenado su tanque habrá notado la inflación de más del 20% en el precio del gas LP durante el primer semestre del 2021. Pero el precio del gas LP no ha aumentado “injustificadamente” como aseguró el presidente de la República.
Si bien la inflación general, que incluye el precio del gas, ha mostrado un aumento, es debido principalmente al efecto de base: al compararse el cambio en precios con una caída tan pronunciada, como la de 2020 (base de la comparación), se tiene un aumento como el observado. Entre otras cosas, la crisis sanitaria propició una caída en la oferta y demanda agregadas, lo que empujó hacia abajo los precios durante el 2020. Desde que arrancó el 2021, los precios se han recuperado y se observa un efecto de “rebote” en algunos sectores como el energético, en el que los precios han aumentado más de lo que disminuyeron.
Como en muchos otros productos, México no es autosuficiente en la producción de gas LP. Por esta y por otras razones, una de las iniciativas concretadas por las reformas en materia energética a cargo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue la liberación del precio (2017) y de permisos (2016) para que empresas privadas pudieran importar gas LP.
Antes de 2016, el Ejecutivo federal controlaba de manera arbitraria el precio del gas LP; y tanto la generación como distribución estaban a cargo de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Por los altos costos y por la incapacidad para satisfacer la demanda nacional, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), desde el 2016 se importa 86% del total del gas que consumen las familias mexicanas, 70% por privados y 16% por PEMEX. Además de la competencia, la apertura del mercado de gas LP propició que los precios reflejaran verdadera información sobre dicho bien proveniente de los mercados internacionales, de ahí el tan descabellado aumento que se ha observado, pues cabe destacar que uno de los principales socios comerciales que abastece la demanda mexicana de gas LP es Estados Unidos. Dada la alta volatilidad del precio del energético, las reformas dieron a la CRE la facultad de regular los precios en dicho mercado en situaciones extraordinarias.
Ante el aumento registrado en el precio del gas LP, el Ejecutivo federal ha mencionado dos propuestas para estabilizarlo: la imposición de un precio máximo y la creación de una nueva empresa filial de PEMEX. Un precio máximo, que es una distorsión al sistema de precios, podría funcionar en el corto plazo, pero a la larga mostrará incapacidad para satisfacer la demanda (exceso de demanda), propiciará la apertura de mercados negros y, por supuesto, tendrá una pérdida de bienestar social asociada a la insatisfacción de la demanda. Además, la ley reserva la facultad de regular los precios a la CRE, en dado caso, la COFECE tendría que emitir primero una declaratoria de ausencia de competencia.
De la propuesta de crear una nueva empresa “del pueblo” que compita en el mercado de gas LP con precios “justos”, lo primero es aclarar que no existen los precios “justos” (como tampoco existe la economía “moral”), pues los precios son el arreglo institucional por medio del cual la sociedad soluciona los problemas económicos. Y habría que ver los precios “justos” a los que “compite” una empresa monopólica, pues, naturalmente, el comportamiento de los monopolios muestra que entran al mercado con precios bajos, eliminan la competencia y luego los suben de nuevo. Luego tendríamos que pensar en cuánto costará esta nueva empresa, y sí, claro que será una empresa del pueblo, pues una vez más será el pueblo mexicano quien pagará por ella, como ya lo hace con los desastres financieros de CFE y PEMEX. Además del contexto histórico, también el nombre de “Gas Bienestar” hace que nos remontemos al año 2009 cuando el dictador venezolano, Hugo Chávez, creó “Gas Comunal” con el fin de estatizar la industria; proyecto que fracasó rotundamente llevando a la quiebra a las empresas y obligando a las familias venezolanas a volver al uso de leña para sustituir al gas.
Ante la situación, la COFECE ha emitido una serie de recomendaciones para estabilizar el precio de este bien tan necesario para las familias mexicanas, todas tienen como común denominador fomentar la competencia económica, aprovechando el terreno preparado por las reformas que abrieron el mercado en 2016 y 2017. La primera recomendación es buscar sustitutos para su uso, primordialmente fomentar el uso de gas natural. Las demás propuestas de la Comisión van desde abrir más centros de distribución a lo largo del país, que sería mucho más barato que crear una nueva empresa, hasta fomentar la venta de gas LP en tiendas de autoservicio y almacenes Diconsa. Cabe aquí la pregunta: ¿La creación de “Gas Bienestar” es realmente una medida económica o más bien es una decisión política con el único fin de fortalecer la popularidad del presidente?
mgm