Desde el mes de diciembre del año pasado la movilidad fue reconocida en la Constitución. Esto quiere decir que cada ciudadano tiene el derecho de desplazarse en la ciudad de una forma digna y efectiva, es decir “realizar un efectivo desplazamiento”. Así, el simple hecho de dirigirnos a algún lugar –ya sea en bicicleta, transporte público o inclusive caminando– significa ejercer, en parte, este derecho. No obstante, no sólo se trata de movimiento sino de hacerlo bajo ciertas condiciones y características.
Por ello, el derecho de movilidad ha resignificado el concepto de desplazamiento y traslado. Ahora debe verificarse siguiendo principios como la seguridad del ciudadano en movimiento, la accesibilidad y la calidad de los diversos medios de transporte, así como la igualdad para ejercer el propio derecho. En suma, estos principios representan una nueva manera de medir la efectividad de nuestros desplazamientos.
Así, el reconocimiento de este derecho va más allá de ser un tema jurídico. En realidad, se trata de la adaptación de un nuevo paradigma. Esta concepción implica dejar atrás el pensamiento enfocado en el movimiento de vehículos –que se basa principalmente en políticas para el descongestionamiento de las vías y aumento en la velocidad de los automóviles– y centrarse en cómo y bajo qué contexto se desplazan las personas.
Entonces ¿podemos afirmar que desde finales del año mejoró nuestra movilidad? Definitivamente no. Basta con observar las condiciones del transporte público, los constantes accidentes viales, la congestión de las principales avenidas de las ciudades o la inequidad al acceso y distribución de las calles. Aquellos que piensen que la movilidad ha sido garantizada por sólo haber añadido unas cuantas palabras al texto constitucional están muy equivocados. Imaginar un escenario en donde estos ideales de la movilidad sean los ejes rectores de las políticas públicas parece muy lejano. Sin duda, su impacto será gradual.
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No obstante, gracias a que existen jurídicamente estas nuevas métricas y formas de entender la movilidad, ahora las autoridades tienen la obligación de justificar claramente el porqué de las obras públicas y las acciones que impactan el desplazamiento de las personas. Cuestiones que han sido olvidadas por los gobiernos locales, pues estos siguen ejecutando mega obras en la ciudad donde el automóvil sigue siendo el eje rector: lo que significa una regresión a este derecho, junto al grave impacto ambiental y a nuestra calidad de vida.
Así, este derecho también representa un deber para los ciudadanos. Exigir una mejor y más clara rendición de cuentas en las políticas públicas de movilidad a través de la demanda de razones –buenas razones– a las autoridades para justificar las medidas adoptadas en esta materia. También, implica que debemos cambiar y replantear nuestros hábitos de movilidad ya que este derecho debe ser ejercido con reflexión y en un contexto de igualdad propiciado por todos. Dejar de pensar sólo en nosotros, como individuos, y más como una comunidad que convive dentro de una ciudad.
Existe un largo trecho por recorrer en materia de movilidad. El reconocimiento de este derecho en nuestra carta magna es un primer paso importante que, sin duda, implica una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. Porque la ciudad es de todas y todos.
Por Marco Trujeque, abogado litigante, especialista en temas de derecho a la movilidad y profesor de la UNAM.
mtrujeque@trujequeabogados.com