Como lo demuestran los recientes apagones a lo largo de México, la política de privilegiar a la CFE solo va a exacerbar los problemas que ya se estaban atendiendo con la Reforma Energética.
La semana pasada, diferentes estados de la República sufrieron apagones en diferentes zonas metropolitanas. La falta de energía eléctrica no solamente afecta a los hogares, sino que también a plantas y fábricas de diferentes estados del norte y del centro del país, pues no pudieron continuar con sus procesos. Esta pérdida de energía representó una pérdida económica de 2.7 millones de dólares, y la principal causa de este fenómeno fue que el gas natural, primordial materia prima para generar electricidad, no se pudo transportar en los tubos ya implementados gracias a las bajas temperaturas registradas en el norte del país, principalmente en la frontera con Texas. Sin embargo, las preguntas que habría que formular son las siguientes: ¿es posible que estos apagones pudieron haber sido previstos y evitables? y ¿cómo es que el Gobierno puede evitar que esto vuelva a suceder durante su administración?
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Para responder estas preguntas debemos de recordar la reforma energética propuesta en 2013. En sus varios puntos, se buscaba que México no solo tuviera mayor iniciativa para desarrollar la infraestructura necesaria y poder generar energías más limpias o alternativas, sino que también se enfocaba en poder abrir el mercado de energía eléctrica a privados, y fomentar de esa manera la competencia que tanto le hacía falta a la CFE. Recordemos que uno de los modelos más utópicos, pero de gran utilidad en el ámbito económico, es el de competencia perfecta, que dentro de sus grandes lecciones nos enseña que la competencia no solo fomenta una mejora en calidad y menores precios en el servicio o bien que se provee, sino que también es un estímulo para seguir desarrollando nuevas tecnologías y seguir innovando. La apertura a la competencia sería un gran reto para la CFE, pero con planeación y organización era posible poder generar una mejora en la sociedad.
Sin embargo, en 2018, con la llegada de la administración de la Cuarta Transformación, la reforma dio dos pasos atrás. La inversión privada fue suprimida, las licitaciones y subastas para construir más vías de transmisión eléctrica, almacenes de combustible y generar más energía renovable fueron canceladas y las empresas privadas, listas para competir contra la paraestatal, se vieron obstaculizadas por el Gobierno. Pareciera que las acciones del Gobierno van más enfocadas a entregarle un privilegio de monopolio a una paraestatal que ha demostrado fallas para poder surtir de energía eléctrica a todo el país, un privilegio que no solo será costoso a corto plazo, sino que a largo plazo es posible que dificulte la transición de México a energías renovables.
Con barreras a la entrada y una casi nula competencia, el fallido monopolio de la CFE ha demostrado que no puede proveer de energía al país adecuadamente. Además, cuando la carga es demasiada para el ofertante, lo óptimo sería incentivar la entrada de nuevas empresas que no solo ayuden a repartir la carga, sino que sean un impulso a la innovación y a la reducción de costos. Mientras la Cuarta Transformación lucha para que México no avance, la economía perderá más millones a lo largo de los 4 años restantes. El privilegio que la CFE goza tendrá costosas consecuencias para la sociedad, el medio ambiente y el Gobierno mismo.
mgm