Durante 2020 se registró un aumento en la reclusión en penales de casi 13 mil personas. Pese al llamado para despresurizar las cárceles por la pandemia de la COVID-19, son pocos los beneficiados con preliberaciones, aseguraron organizaciones civiles.
“Las personas que están privadas de su libertad, en este contexto de pandemia de la COVID-19, se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad por el ambiente en los centros penitenciarios en nuestro país y es urgente que se respondan a las solicitudes de amnistía", afirmó Sofía G. Talamantes, coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de Documenta A.C.
Los cuadernos mensuales de información y estadística penitenciaria nacional indican que 177 personas se beneficiaron con la libertad anticipada el año pasado; por entidad, destacaron Chiapas (23), Michoacán (19) y Jalisco (18).
El beneficio sustitutivo de la pena se aplicó a un total de dos mil 465 internos, siendo la CDMX el lugar en el que se resolvió a favor de 299 personas, seguido de Chihuahua, con 216, y Puebla, 189.
Sin embargo, de aplicarse la Ley de Amnistía se pueden despresurizar las cárceles, agilizar procesos judiciales y garantizar el acceso a la justicia, porque hay quienes están internos por delitos que no han cometido.
“Con quienes que yo vivía, de esos 13, siete estábamos por habernos juntado con personas que no teníamos que haber andado, o que te inculpaban, o incluso que ya le caíste mal al vecino y ya te acusó de robo; es su palabra contra la tuya y, de mientras, estas en el bote”, explicó Alejandro, un ex interno de un centro en Jalisco.
Su proceso llegó a término y coincide en que la amnistía ayudaría a quien no tiene recursos para costear los juicios.
Por Mayeli Mariscal
lctl
