Después de mantener durante once años en litigio la obra denominada Central de Abastos de Tlaxcala, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros puso fin al conflicto por el que el gobierno del estado había sido sentenciado a pagar 683 millones de pesos para la indemnización de las empresas afectadas.
En rueda de prensa, la titular del ejecutivo estatal Lorena Cuéllar, informó que gracias a la voluntad de las firmas Díaz Gayosso Construcciones y Proyectos, Orión Global Group y Alpha Central de Abastos Tlaxcala, -empresas que durante la administración del priísta Mariano González Zarur demandaron al gobierno por la suspensión de la obra-, la administración pública podrá continuar con el proyecto que será un polo de desarrollo para la región.
“Gracias al diálogo y voluntad de acuerdo promovido por mi administración, las empresas demandantes aceptaron aplazar la fecha de resolución (de los juicios de revisión promovidos en 2019 por el gobierno del estado) a fin de entablar pláticas conciliatorias y privilegiar una solución. En menos de 100 días pudimos resolver lo que en casi once años no se hizo, a casi una tercera parte del monto de lo que ya había sido mandatado pagar, además de ahorrar una importante cantidad al erario, hoy tenemos altas expectativas de la obra para beneficio social y como detonante de la economía de nuestro estado”, expuso.
Para poner fin al conflicto legal a través de la conciliación, el gobierno del estado deberá pagar a las empresas afectadas 250 millones de pesos con IVA incluido, pero, además, la administración estatal logró mantener la posesión del terreno de 148 hectáreas, el proyecto ejecutivo y el 15 por ciento del avance de la obra que existía hasta antes de su ejecución.
A decir de la gobernadora, el ayuntamiento de Xaltocan deberá definir si tiene la capacidad económica para reactivar los trabajos de construcción de la obra en las 14.8 hectáreas, para lo cual se requieren aproximadamente 150 millones de pesos, de lo contrario, será una asociación público-privada la que pueda concluir los trabajos.
En el terreno legal, el gobierno del estado informó que iniciaría las investigaciones correspondientes para determinar quién o quiénes habían sido responsables por perder el juicio que le costaría al erario 683 millones de pesos.
Es preciso recordar que durante el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz se iniciaron los trabajos de construcción de la obra que costaría 350 millones de pesos y que incluiría 228 bodegas, de las cuales 36 serían destinadas a lácteos, 50 para abarrotes, 114 para frutas, 28 para productos cárnicos y 52 locales comerciales.
SSB
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