La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra del decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura. De esta manera, quedó suspendido de manera parcial el decreto que impide al gobierno federal reservar la información sobre cualquier obra de infraestructura considerada como asunto de “interés público” o de “seguridad nacional”.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Adrián Alcalá, comisionado del INAI, comentó que el día de ayer el ministro Juan Luis González Alcántara determinó suspender los efectos del acuerdo en relación únicamente con que los sujetos obligados no pueden invocar, cuando den respuesta a una petición de información, a este acuerdo como de seguridad nacional o de interés público. Esto acorde a las normas que establece la propia ley de la materia, que significa que una información podrá ser clasificada en ciertos momentos y no antes de que se genere, que es parte de lo que el INAI alega en la controversia,
"Este acuerdo permite que se considere reservada como de seguridad nacional la información antes incluso de que se genere, vulnerando principios que establece la Constitución y la Ley en la materia", explicó.
Esto significa que el INAI está garantizando, cumpliendo con el mandato constitucional, ya que este acuerdo puede ir en contra de las disposiciones constitucionales y estará resulta de lo que la Sala de la Corte determine si es constitucional o no.
"Nosotros estamos en el marco del respeto institucional con el señor presidente de la República, estamos haciendo lo que en democracia nos corresponde, hacer valer los instrumentos que establece la propia Constitución y en ese sentido para los mexicanos se fortalece la transparencia y la rendición cuentas", dijo el comisionado del Inai.
Cualquier persona puede solicitar información sobre grandes obras como el Tren Maya, las refinerías y los sujetos obligados no pueden invocar de suyo o en primera instancia este acuerdo para no entregarla.
"Quizá puedan invocar otra causal que queda a revisión del propio instituto si procedería o no, pero no puede invocar este decreto en automático para negar la información", expuso.
Finalmente, comentó que el Inai tiene la facultad de revisar si una reserva es legal o no, y hay varios casos en los que se ha determinado que se entregue la información porque no resiste la reserva que el sujeto obligado invoca o por motivo de interés público en donde supera al particular.
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