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Decreto presidencial pone en riesgo la transparencia y atenta contra la Constitución, señala el Inai

Adrián Alcalá, comisionado del Inia, señaló que al considerar las obras como seguridad nacional conllevaría a la falta de transparencia, algo a lo que tienen derecho todos los mexicanos

Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), explicó que el decreto presidencial que reserva la información de las obras públicas, por considerarlas de seguridad nacional, sólo atenta contra la Constitución y motiva a que haya opacidad.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, señaló que las instancias gubernamentales, por ley, están obligadas a transparentar todos los gastos que lleven a cabo con recursos públicos.

"Podría haber riesgo de que ahora las instancias se reserven el derecho a informar, al argumentar que se trata de un tema de 'seguridad nacional', pero ese es un termino muy amplio y que se refiere más a cuestiones territoriales o que sean una amenaza, como el narcotráfico", expuso.

Dijo que el Inai lo único que busca con la presentación de la controversia constitucional es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictamine al respecto, porque, "a nuestro juicio, el decreto impacta en el derecho fundamental del acceso a la información y pone en riesgo la transparencia".

Aseguró que todos los sujetos del territorio nacional que reciban recursos públicos están sujetos a la Ley de Transparencia y, por ende, deben rendir cuentas.

Estimó que si antes de que se haga una solicitud vía transparencia los organismos públicos consideran que se trata de información de seguridad nacional, se estaría cayendo en un tema de opacidad, lo que sería un riesgo.

Alcalá recalcó que no se buscan frenar las obras públicas del gobierno federal, ya que lo único que solicitan es que se cumpla con la ley y hay transparencia en el gasto de recursos, por lo que la controversia constitucional dejaría continuar con las obras, pero obligaría la rendición de cuentas.