La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar spots y propaganda ilegal de los precandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Samuel García Sepúlveda por violar el modelo de comunicación política del país.
En el caso de la precandidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, se ordenó bajar un spot en radio y otro en televisión.
Sigue leyendo:
¿Qué le puede pasar a Vicente Fox si procede la denuncia por violencia de género?
Piden no confundir a la ciudadanía
Por una denuncia de Morena, la Comisión avaló por unanimidad que en los dos spots Xóchitl Gálvez no incluyó ningún elemento por el que se señale que es precandidata o se trata de una precampaña, por lo cual debe de bajar esos spots.
“Se advierte que, si bien los promocionales indican que se dirigen a simpatizante y militantes, pero no tiene la calidad de precandidata que ostenta Xóchitl Gálvez, por lo que se ordena la eliminación del material denunciado”, indica la resolución.
Asimismo, la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala, lanzó un llamado de atención contra la precandidata del PAN, PRI y PRD.
“Y quienes están en esta parte del proceso tienen que ser claros en informar a los ciudadanos la calidad en el que compiten y el proceso de elección en el que están.
Deben los partidos políticos y la propia denunciada deben tener especial cuidado para no generar una confusión a la ciudadanía, sobre todo con estos medios masivos. Es un llamamiento en esta parte, porque hoy no es tiempo de candidatas ni campañas”, indicó Zavala.
Uso indebido de pautas
Asimismo, en otro punto, la Comisión de Quejas indicó que Movimiento Ciudadano utilizó indebidamente la pauta con promocionales personalizados y propagada de Samuel García, lo cual contradice el modelo de comunicación, pues éste último es gobernador de Nuevo León en funciones.
En este caso, García realizó promoción personalizada ilegal.
“Samuel García hoy tiene la calidad de un servidor público, el modelo de comunicación política y hay una vulnerabilidad jurídica”, expone la resolución.
dhfm
