Tres de los 15 detenidos el pasado 5 de junio de 2021 en la colonia Colosio de Solidaridad, Quintana Roo interpusieron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado por violación a sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad.
En un documento de 12 páginas, JJCC, LASV y AGC que en la víspera de la elección del 6 de junio fueron detenidos “de manera totalmente arbitraria sin que mediara una legal orden de aprehensión” entre las calles 15 y 20 de la Avenida Colosio alrededor de las 3 y 4 de la tarde. “Los elementos policiales nos bajaron del vehículo en el que veníamos circulando y sin causa justificada nos detuvieron y nos subieron a la camioneta de la policía estatal (…) no sin antes sembrar en el mismo vehículo, diversos documentos”.
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Agregaron que los tuvieron a bordo del vehículo por más de dos horas sin tener visibilidad de hacia donde los trasladaban. Fue hasta las 6 de la tarde que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos electorales.
El 12 de junio que se llevó a cabo la Audiencia inicial, una semana después y en el que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva sin justificación legal.
Asimismo enlistaron la cantidad de irregularidades cometidas en la detención y lo que va del proceso:
1. Las circunstancias y lugar de la detención no corresponde a lo que se consignó en el Informe Policial Homologado: Calle 80 entre la Quinta Avenida y la 10, una distancia de 400 metros con el lugar real. Un video publicado en Facebook da fe del lugar correcto.
2. Los testimonios de dos testigos de nombre Dora y Erik cuyos domicilios son falsos y al momento se encuentran sin localizar. Es sobre la base de los supuestos dichos de estas personas que los policías estatales fundamentaron su detención.
3. Violación al debido proceso al presentar una lista de indicios al Ministerio Público de manera espontánea sin precisar el lugar y momento de su recopilación así como los objetos que dice la Fiscalía que se encontraron al interior del vehículo en el que se trasladaban los hoy detenidos.
4. La falta de cadena de custodia de los teléfonos celulares de los detenidos que se dijo se entregarían a familiares y que ahora se utilizan como pruebas en contra sin saber si fueron “manipulados o alterados”.
5. La negativa del juez para considerar la solicitud hecha por los detenidos al 911 como prueba de la detención arbitraria.
6. El ocultamiento a los procesados de diligencias como un cateo que la Fiscalía hoy presenta al juez de control y los supuestos indicios encontrados en el mismo.
En resumen, los detenidos mencionan violación a su derecho a la presunción de inocencia, a su derecho a la intimidad y a la privacidad, esto a causa de la filtración de su identidad en redes sociales como Facebook y Twitter así como la acusación de que incurrieron en compra de votos. Irregularidades en el manejo de la cadena de custodia, esto por el manejo poco profesional de los indicios recabados durante las diligencias de investigación y difundidos en redes sociales de la Fiscalía.
Violación al derecho humano a la libertad al imponer prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de ser servidores públicos pese a no haber acreditado tal circunstancia, además de que los delitos que establece la Constitución para imponer prisión no corresponden a los que se atribuyen a los detenidos. Además de que la medida se considera por el Estado como “último recurso”.
Violación a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la constitución y que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa.