De los 2.4 billones de pesos de activos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) están en riesgo 800 mil millones se pesos que es el capital líquido, que será utilizado para la construcción de vivienda en el sexenio, hecho por el cual empresarios y trabajadores han decidido “tomar las calles”.
En conferencia de prensa conjunta, las cúpulas empresariales Coparmex, Concanaco Servytur, Concamin y sindicatos de trabajadores como STRM, SME, y la CROM, entre otros se opusieron a la reforma al Infonavit que fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y donde preocupa que no existan reglas claras de supervisión.
Advierten que, de los 800 mil millones de pesos, que este sexenio se utilizarán para la construcción de viviendas (500 mil por parte del gobierno y otras 500 mil por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)) se utilizarán 350 mil millones de pesos, poco más de 58 mil millones de pesos anuales a través de una constructora filial que no estarán bajo la supervisión del Infonavit.
“Son 2.4 billones de pesos en activos, de ellos 800 mil millones de pesos son líquidos; estos son recursos financieros, el Infonavit no es una institución pública, tenemos que cuidar los 800 mil millones de pesos que son de Carlos, María, Juana, son recursos de los trabajadores” aseguró Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. (Coparmex).
Por tanto, afirmó que empresarios y trabajadores están de acuerdo en que la Asamblea tripartita supervise el patrimonio de los trabajadores, pero bajo las reglas de la secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quienes deberán decir en qué, cómo y dónde se van a invertir esos recursos.
“Si es posible construir casas, sí pero bajo las normas y salvaguardado los recursos; lo importante, es sí esos recursos se van a dar para derechohabientes; porque si no se aplicarán intereses y se dan casas a no derechohabientes, será en menoscabo de los recursos de los trabajadores”, advirtió Sierra Álvarez.
Por su parte, Rodolfo González González, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) explicó que antes de que fuera aprobada la reforma por la Cámara de Diputados y que ahora se revisa en el Senado, pidieron diálogo y expusieron propuestas “irreductibles” al gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, “no se atendieron nuestras propuestas, no hubo cambios”.
Por tanto, aseguró que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales, acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Derechos Humanos y en caso de que no haya respuesta, “entre 2 y 3 millones de trabajadores tomaremos las calles en una manifestación a nivel nacional en defensa de los recursos de los trabajadores”.
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