Nos acercamos a la tercera década del Siglo XXI con el gran desafío de repensar “la morada humana”. Es un hecho que nuestras ciudades -las grandes metrópolis, así como las pequeñas comunidades- surgieron más bien de manera caótica. Sin embargo, desde hace tiempo tenemos la capacidad para planear una mejor forma de vivir. Esto quiere decir que ya es posible establecer políticas de construcción de habitaciones dignas para la condición humana.
Por ello, las políticas de gestión y construcción de vivienda que tengan los gobiernos y la sociedad son fundamentales en el presente y futuro de la humanidad.
Podría decirse que la etapa moderna de la política de construcción de viviendas en México inició en 1972 cuando se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Contra todo pronóstico, la institución se ha mantenido en el tiempo y se calcula que, desde su fundación, ha otorgado varios millones de créditos para vivienda.
Con su anhelo a veces inexplicable de querer reformar todo, el actual gobierno anunció hace tiempo una reforma del INFONAVIT cuyo principal objetivo explícito es construir de forma directa viviendas para los sectores menos acaudalados de la población mexicana. Esto ciertamente es un objetivo loable. No obstante, la reforma propuesta ha estado desde el principio sujeta a muchas objeciones.
En primer lugar, antes de su arribo a la Cámara de Diputados, la propuesta de la Presidencia de la República y aprobada por la mayoría oficialista en el Senado implicaba una centralización de las decisiones, pues se propuso una sobrerrepresentación del gobierno federal respecto de los sectores empresarial y de los trabajadores.
Hay que decir que las comisiones unidas de Vivienda y Trabajo de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen modificando los artículos de la propuesta de Ley, de tal manera que exista una representación más equilibrada de trabajadores y empleadores. Esto fue una buena enmienda.
Sin embargo, se confieren facultades del Director General, atribuciones superlativas para pasar por encima de los órganos y la representación tripartita.
En segundo lugar, el proyecto de reforma propone la creación de una empresa filial del gobierno “controlada mayoritariamente por el INFONAVIT”, cuyo fin será “construir viviendas”. Se dice en el proyecto de reforma que esta empresa filial no será considerada una empresa paraestatal y que sus actividades se regularán por “el derecho privado”. Varios legisladores que votaron en contra de la reforma señalaron, con cierta razón, que no existe claridad sobre cómo se fiscalizarán las actividades de tal empresa. Hay indudablemente la necesidad de aclarar esto.
Una tercer objeción que se puede hacer al proyecto aprobado es que se transfieren obligaciones a los Estados, sin que estos tengan realmente el presupuesto para cumplirlas. Se necesita, entonces, que se tomen en cuenta los intereses de las entidades de la Federación.
Lo que viene ahora es una gran discusión del dictámen sobre la Ley del INFONAVIT a llevarse a cabo en el pleno de la Cámara de Diputados, a partir del 1 de febrero. Esperemos que ésta se realice de manera razonable, escuchando a los sectores y sus preocupaciones, poniendo por delante la sustentabilidad del instituto y el ahorro de los trabajadores.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
ABOGADO, ACTIVISTA Y LEGISLADOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@GDEHOYOSWALTHER
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