En 2018, el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, optó por no revelar su declaración patrimonial ni explicar sus conflictos de interés, de acuerdo con información oficial.
En el documento “Modificación patrimonial 2018”, creado el 15 de mayo de ese año y que está en poder de El Heraldo de México, se señala que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, mientras que en el apartado de declaración sobre posibles conflictos de interés, García Alcocer manifestó que tampoco estuvo de acuerdo en publicar esos datos.
“Toda la información fue capturada directamente por el servidor público”, detalla la declaración, la cual sólo se limita a enunciar datos curriculares, en donde destacan estudios en escuelas particulares como el ITAM, y la Oxford University.
Meses después, en febrero de 2019, tras la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario destapó un posible conflicto de interés por sus relaciones familiares con personas relacionadas con empresas reguladas por la CRE.
García Alcocer asumió la presidencia de la Comisión desde el 28 de abril de 2016 y hasta el 15 de junio de 2019, cuando presentó su renuncia.
En ese periodo, al menos dos permisos fueron aprobados, revelan datos de la CRE.
Ante los señalamientos del Ejecutivo federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación de oficio contra García Alcocer y en noviembre de 2020, la dependencia decidió inhabilitarlo por 10 años, con lo cual no va a ejercer ningún cargo público durante ese periodo.
La sanción se debió a que incurrió en conflictos de interés durante su gestión al frente de la CRE, informó la SFP.
CAR