De la inversión comprometida en los dos primeros paquetes de obras anunciados por el gobierno federal y la iniciativa privada, 60 por ciento ya está en curso, calculó José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En el marco de la presentación de su sistema de observatorio ciudadano Alerta Constitucional, el ejecutivo señaló que el 40 por ciento está detenido.
“A penas va en el proceso [el restante 40 por ciento], algunos están detenidos por falta de permisos, digamos que una vez que se incluyen en el paquete, ya son proyectos que están evaluados económicamente costo-beneficio, que tienen financiamiento, en algunos ya tienen hasta las licencias para ejecución”, añadió Medina Mora.
Adelantó que el próximo mes se presentará el tercer paquete de obras de infraestructura.
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Hace unos días esto también lo comentó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, al salir de una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios.
Además, el todavía secretario de Hacienda, adelantó que será un proyecto de obras en materia de puertos y aduanas.
Medina Mora expuso que la idea es presentarlos al gobierno para que se que faciliten los trámites de las licencias.
“Es increíble, se tiene la necesidad, está ya valorado el proyecto, hay los recursos para invertirlo, y en muchos casos faltan las licencias y eso es lo que los tiene detenidos”, agregó.
Para el empresario incluso la falta de certidumbre jurídica para la inversión ya ha generado que se detengan proyectos.
“Hemos tenido inversión extranjera, el caso de Tesla, que estaba por instalarse en Jalisco, mejor se fue a Texas, a falta de certidumbre jurídica para la inversión. Entonces sí es una mala señal hacia el mundo el que se aprueben en México leyes que van en contra de la Constitución”, lamentó.
No obstante, a las cancelación de proyectos del sector privado, dijo que no pueden dar un número obras ni monto de inversión porque en algunos casos las propias empresas piden confidencialidad.
El sistema Alerta Constitucional plantea apoyar los procesos legislativos para evitar que se viole la Constitución y que se aleje la inversión privada.
Por: Everardo Martínez
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