La propuesta del gobierno federal para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil —que registre datos biométricos— confrontó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con los principales operadores del sector que la ven inviable y que violaría la privacidad.
En una reunión de comisiones del Senado, se detalló que si la iniciativa es avalada por el Congreso, todos los usuarios se verán obligados a registrar sus celulares en una base de datos y deberán presentar credencial de elector, comprobante de domicilio y presentar algún dato biométrico, por ejemplo huella dactilar o facial.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la SSPC, dijo que la propuesta busca atacar las operaciones criminales, ya que los sistemas de prepago son utilizados en operaciones ilícitas, como extorsiones o secuestros, puesto que al adquirir una sim card o chip de teléfono no se pide ningún requisito y se pueden comprar en tiendas comunes, incluso de abarrotes.
El funcionario destacó que uno de cada cinco delitos son extorsiones, y 88.9 por ciento de ellas fueron telefónicas. Pero más aún, 9 de cada 10 fueron a través de un celular de prepago.
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En respuesta, el director general de Anatel, Gabriel Székely afirmó que se identifican varios problemas, principalmente porque viola la privacidad de los usuarios de telefonía móvil, además de que mucha gente de comunidades alejadas se va a quedar sin un teléfono celular.
Por Misael Zavala
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