DECRETO

Decreto para blindar obras de AMLO es una aberración, asegura académica de la UNAM

La especialista indicó que aunque el presidente haya prometido dar a conocer estos datos, el documento no prevé esta situación

Mariá Marván Laborde, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM calificó al decreto de información pública que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador como una aberración que está en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además de esto, dijo que esta medida está en contra de la Constitución, debido a que también invade la jurisdicción del Poder Legislativo de México.

En entrevista con Darío Celis, la experta recordó que el presidente se comprometió en su conferencia mañanera a que se entreguen los datos públicos en menos de 72 horas, pero que el documento no incluye esta situación.

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"Una de las causales específicas para reservar información, inclusive por largos periodos de tiempo es precisamente considerar información de seguridad nacional", dijo.

El presidente tiene la intención de que sus obras no sean sometidas a amparos.

La especialista dijo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene los elementos de prueba necesarios para presentar una controversia constitucional frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que este decreto no entre en emisión.

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"No importa cuánta prisa tenga el presidente por concluir estas obras; es sumamente preocupantes en términos de transparencia y en términos de corrupción", dijo.

Explicó que este documento tiene condiciones legales que permitirían la compra sin licitación, la expropiación de terrenos y actuar de forma opaca sin tener que dar explicaciones.

Aseguró que es probable que se tramiten varias acciones en contra de esta medida, ya que el presidente está legislando en materias que no le corresponden como turismo, líneas ferroviarias, obras hidrológicas y evita que se les observe adecuadamente bajo el supuesto de que son de interés nacional.

"Yo no sé quién aconsejó al presidente", dijo.

Además de esto, la especialista indicó que los funcionarios público que se enfrenten a este decreto estarán en un papel complicado, debido a que no podrán elegir acatar el decreto antes que la ley, pero aún así los harán llevar a cabo lo que indica la propuesta del presidente, lo cual los hará tener una responsabilidad penal y administrativa.