IMEF pide revisar de manera objetiva e imparcial iniciativa para regular outsourcing

El instituto considera que el desafío para resolver el tema de la subcontratación podría generar resultados contraproducentes

IMEF pide revisar de manera objetiva e imparcial iniciativa para regular outsourcing
El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) exhortó a los legisladores a revisar de manera imparcial, objetiva e integral la iniciativa para regular la subcontratación de personal, el llamado outsourcing.

En su opinión, debe atenderse desde una perspectiva amplia e integral de fomento al bienestar y en estrecha colaboración con todos los sectores afectados.

“La implementación de medidas aisladas para resolver el desafío de la subcontratación podría generar resultados contraproducentes e insuficientes”, expuso.

El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del IVA en materia de subcontratación.

A través de un comunicado, el IMEF señaló que apoya un enfoque incluyente para la economía, basada en la inversión y el crecimiento con responsabilidad social.

El cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales, así como la gestión empresarial responsable son elementos centrales. La exposición de motivos de la Iniciativa coincide con esta visión.

Crecimiento económico

No obstante, dijo, el impulso a una economía que genere un entorno de bienestar para la población requiere de una perspectiva amplia de desarrollo que integre múltiples elementos, incluyendo el fomento a la inversión y a la generación de empleo.

“La presentación de una iniciativa de esta relevancia, sin integrar la perspectiva de las empresas, no contribuye al fortalecimiento de la confianza y a la creación de condiciones propicias para la inversión, tan necesarias en el momento actual de México tras el muy severo impacto de la pandemia sobre el crecimiento económico y el empleo”, consideró.

En su opinión, el contenido de la iniciativa debe revisarse y tomar en cuenta los siguientes elementos:

1) Solamente una fracción de la Población Económicamente Activa labora para empresas o establecimientos formales. Por ello, el impulso a un esquema robusto de bienestar debe necesariamente contemplar la reducción de la informalidad, ampliando el acceso de todos los trabajadores hacia un modelo efectivo de seguridad social. El endurecimiento de los mecanismos de contratación sin la debida concertación con el sector empresarial podría generar un mayor nivel de informalidad.

2) El combate al uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación no debe darse a costa de esquemas de subcontratación basados en buenas prácticas internacionales que acatan las leyes, respetan las obligaciones sociales y fiscales por parte de las empresas proveedoras, fomentan la inversión y el empleo. Debe aplicarse y en su caso fortalecerse el marco jurídico correspondiente sin ocasionar la cancelación de fuentes de empleo.

3) La iniciativa o los dispositivos legales posteriores deben precisar el término “especialización” y sus alcances ya que al prohibir la subcontratación también establece que no se considerará como tal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas.

4) El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que es necesario contar con un periodo de transición para la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema.

5) Evaluar el impacto de la Iniciativa en materia de competitividad y el atractivo de México como destino de la inversión y en el marco de los acuerdos internacionales aplicables.

6) Revisar la aplicación de la PTU ligada a esquemas de productividad, lo que podría impulsar diversos beneficios para nuestra economía.

7) Cuantificar el costo fiscal y evaluar el riesgo operativo en los tres órdenes de gobierno ante la probable cancelación de puestos de trabajo basados en la subcontratación.


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