En una democracia, el acceso a la información y la transparencia en los procesos electorales no son concesiones, sino derechos fundamentales. Por ello, resulta preocupante que el Instituto Nacional Electoral haya emitido un acuerdo que impida la difusión de un procedimiento electoral inédito en nuestro país.
El INE ha querido posicionarse como el único facultado para promover el voto y la participación ciudadana en el proceso electoral del poder judicial. Si bien es la máxima autoridad en la materia, es cuestionable que la exclusividad en la promoción cívica sea la mejor forma de fortalecer la democracia, especialmente en un contexto electoral sin precedentes como la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que la fortaleza de un sistema electoral depende de la confianza que la ciudadanía deposite en él. Y esa confianza solo se construye con información, claridad, divulgación. Limitar la difusión de un proceso histórico como este genera desconfianza y desinformación, dos enemigos de la participación ciudadana.
La ministra Loretta Ortiz ha subrayado que, como un principio irrenunciable: la ciudadanía tiene derecho a estar informada con imparcialidad, neutralidad y equidad sobre las características y etapas de la elección. Pero este derecho adquiere mayor relevancia en el actual proceso, donde por primera vez se elegirán integrantes del Poder Judicial. La falta de familiaridad de la población con este mecanismo exige una difusión más amplia y profunda que la que puede ofrecer únicamente el INE. ¿Cómo explicar la importancia de este proceso, los perfiles de las y los candidatos, o el impacto de su elección, si solo una institución puede hacerlo?
El acuerdo de ser "la única autoridad con atribuciones exclusivas para promover el voto" plantea un debate necesario: ¿en un sistema democrático, la participación ciudadana puede ser monopolio de una sola institución? Organismos autónomos, poderes públicos, universidades e incluso la sociedad civil tienen el derecho de fomentar el voto informado, porque bajo mecanismos que eviten la desinformación, la discusión podría enriquecerse.
Que el INE reclame “exclusividad” es un error hasta de concepción de la propia democracia. Porque precisamente, la democracia no se reduce al voto, sino, entre tantos otros factores, a la comprensión de sus implicaciones. Y en una elección judicial de tal magnitud, el derecho a saber no puede quedar en manos de un solo actor.
El riesgo de centralizar la información limita el debate público a mensajes insuficientes para una elección tan técnica y trascendental. Confinar la promoción del voto al INE va más allá de lo que la legislación establece y restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a perspectivas diversas. En una democracia robusta, la información no debe ser controlada, sino garantizada en su pluralidad. No es aceptable que el INE decida actuar solo, porque se necesita un esfuerzo colectivo que garantice claridad sobre un proceso que definirá el futuro de la justicia en México.
Por Susana Cueto
Colaboradora
@SusanaCueto7
EEZ
