Constantemente se discute el tema tan polémico de la aplicación de la pena de muerte, sin duda parte de la agenda bilateral entre nuestro país y Estados Unidos.
El mexicano Humberto Leal García fue sentenciado a muerte por homicidio de una adolescente de Texas en 1995 y ejecutado en 2011. Humberto nació el 16 de enero de 1973 en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, la búsqueda del sueño americano lo llevó a probar suerte en Estados Unidos, donde moriría años después tras recibir la inyección letal.
Este caso es emblemático en la historia de la justicia penal estadounidense y el derecho internacional. Su ejecución abrió nuevamente los debates sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales y la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros en Estados Unidos.
El caso de José Ernesto Medellín Rojas, conocido como el caso “Avena”, que terminó en una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial máximo de la ONU, se suma a una lista de quejas en las que el Gobierno de México acusó que 51 de sus ciudadanos habrían sido condenados a muerte sin ser notificados del derecho de poder ser asesorados por su consulado.
Nuevamente se violan Tratados Internacionales en la materia, entre ellos, la Convención de Viena. Quién no recuerda el escándalo en nuestro país por el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata libertad por violaciones al debido proceso y a sus más elementales derechos humanos.
En el caso de Leal García, su defensa argumentó que la falta de notificación consular afectó sus derechos humanos, ya que el apoyo del consulado mexicano podría haber proporcionado recursos legales y asistencia que pudo eventualmente alterar el resultado del juicio.
Antes de la ejecución de Leal, el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, solicitó una suspensión de la ejecución, argumentando que se podrían violar obligaciones internacionales y ello podría poner en riesgo a ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de cinco votos a favor y cuatro en contra, rechazó la solicitud de suspensión, permitiendo que Texas llevara a cabo la ejecución.
La pena de muerte fue abolida en México en 2005, cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibirla expresamente.
Uno de los últimos mexicanos que recibió la sentencia de muerte en Estados Unidos fue Edgar Tamayo, a quien se le consideró culpable del homicidio del policía Guy Gaddis.
Otro caso es el de Abel Ochoa, ejecutado en Texas por ser condenado a muerte por asesinar a cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas de siete años y nueve meses.
Cuando se presenta una ejecución en Estados Unidos, se reviven las críticas a esta práctica por considerar que es una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas.
Siempre existirán voces a favor y en contra, la pregunta es si este tipo de personas realmente merecen una oportunidad, aunque sea desde una cárcel. La otra duda es si ellos alguna vez consideraron, aunque sea por unos segundos, los derechos humanos de sus víctimas y el dolor tan profundo que les causan a los familiares de estas con sus hechos tan atroces, abominables y monstruosos.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
@EDUARDO84888581
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