El reciente hallazgo del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a México y al mundo. En este sitio se descubrieron evidencias de hornos crematorios, fosas clandestinas y restos humanos, junto con aproximadamente 200 pares de zapatos, lo que sugiere la magnitud de las atrocidades cometidas por el crimen organizado en la región.
Este descubrimiento no es un caso aislado. Desde 2012, Jalisco ha sido escenario de múltiples hallazgos similares, lo cual refleja una crisis humanitaria de desapariciones forzadas y violencia sistemática. Según datos oficiales, entre diciembre de 2018 y junio de 2024 se localizaron 158 fosas clandestinas en el estado, siendo 2022 el año con el mayor número de sitios de inhumación detectados, con un total de 41.
Los colectivos de búsqueda, integrados principalmente por familiares de personas desaparecidas, han desempeñado un papel crucial en la localización de estas fosas. Se estima que han encontrado al menos mil cuatrocientas fosas clandestinas en Jalisco en los últimos 15 años, lo que representa alrededor del 70% del total de tumbas clandestinas localizadas en el país.
La inacción y, en ocasiones, la complicidad de las autoridades han permitido que el crimen organizado opere con impunidad. La reciente revelación de que el Rancho Izaguirre en Teuchitlán fue utilizado como centro de exterminio y adiestramiento criminal expone la incapacidad de las autoridades locales para abordar la presencia de los grupos delictivos en la región.
La indignación y el dolor de miles de familias que buscan a sus seres queridos son palpables. El gobierno actual se ha negado a recibir a las madres buscadoras, obligándolas, en su desesperación, a realizar el trabajo que las autoridades no han hecho. Estas mujeres valientes exigen protección y ser escuchadas en su lucha por la verdad y la justicia.
Lo encontrado en Jalisco es una verdadera desgracia que trasciende partidos políticos. Es imperativo que haya una denuncia nacional e internacional para que se tomen medidas contundentes contra esta crisis humanitaria. La comunidad internacional debe prestar atención y solidarizarse con las víctimas y sus familias, exigiendo justicia y el fin de la impunidad en México.
La sociedad mexicana no debe permanecer indiferente ante esta realidad. Es responsabilidad de todos exigir a las autoridades una actuación decidida y efectiva para erradicar la violencia, garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos de la población. Solo así se podrá construir un país donde prevalezca la justicia y la paz.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN Y PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA (ODCA)
PAL
