Aunque en términos generales pareciera que el ingreso de armas a México es responsabilidad de Estados Unidos y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos es responsabilidad de México, en la práctica no es así; cada fenómeno tiene sus particularidades y si se les pretende resolver primero habrá que entenderlos y después explicar qué le corresponde a cada país, para no crear falsas expectativas o buscar culpables donde no los hay.
En el caso de las armas de fuego, la legislación de Estados Unidos brinda a sus ciudadanos la oportunidad de adquirirlas para uso personal en tiendas con permiso federal para venderlas, incluyendo aquellas de grueso calibre siempre y cuando no excedan las cantidades y tiempos permitidos por sus leyes.
Los problemas comienzan cuando las armerías legalmente establecidas las venden a “compradores testaferros” que abusando de su condición de ciudadanos autorizados, las adquieren en cantidades que indican que serán entregadas a grupos criminales dentro o fuera de los Estados Unidos, tal como sucedió en la fallida operación “Rápido y Furioso” registrada entre octubre de 2009 y enero de 2011, la cual pese a haber sido cerrada con 34 personas acusadas, entre ellas 20 “compradores testaferros”, la administración del ex presidente López Obrador la utilizó para perseguir a sus enemigos políticos y culparlos de la violencia registrada en el país, sin admitir jamás que posterior a este evento han ingresado al país 2 millones 800 mil armas de fuego (200 mil por año según la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados), pese al continuo reforzamiento de las aduanas y toda la zona fronteriza de México con Estados Unidos.
En México la legislación en materia de armas de fuego no permite que un civil pueda adquirir un arma en cualquier tienda, mucho menos poseer, portar, acopiar, transportar y disparar armas de calibres prohibidos para la población en general, ya que cada una de estas actividades puede ser considerada un delito por separado y a ellos se les puede agregar los de tráfico de armas y delincuencia organizada, lo cual lejos de disminuir la cantidad de armas de fuego en el país, la ha incrementado.
Las estimaciones más cercanas indican que en México circulan entre 10 y 12 millones de armas de fuego (SRE, Cámara de Diputados y gunpolicy.org), lo cierto es que con esas armas en 2024 fueron asesinadas 22 mil 131 personas, es decir, que por cada 500 armas de fuego que circulan ilegalmente se cometió un homicidio doloso.
Además 74% de las armas con que fueron asesinados provienen de Estados Unidos, como lo admitió el propio gobierno estadounidense el mes pasado.
En contraste, en Estados Unidos existe un estimado de 310 millones de armas de fuego y con ellas fueron asesinadas en 2022 un total de 21 mil personas, es decir que por cada 14 mil 700 armas de fuego que circulan legalmente se cometió un homicidio que involucró su uso. Lo anterior evidencia que la relación entre armas de fuego y homicidios intencionales es diametralmente diferente en Estados Unidos y en México, y que en todo caso la venta y posesión legal de armas genera menos problemas de homicidios que su prohibición.
En síntesis, la diferencia entre legislaciones en materia de armas de fuego entre México y Estados Unidos hacen incompatible su atención en forma conjunta y tampoco se puede culpar a los vendedores de armas con permiso federal de estar vinculados a los grupos delictivos por el solo hecho de vender un arma como se pretende por parte de México ya que ello equivaldría a que si alguien utiliza un vehículo como arma para agredir intencionalmente a otras personas, el culpable sea el fabricante del automóvil.
Lo que tiene que hacer nuestro país es coordinarse e intercambiar información con Estados Unidos, pero sobre todo eficientar la revisión en las aduanas y vigilar con más rigor la frontera norte para que no ingresen más armas de fuego en forma clandestina y desde luego interceptar más artefactos de este tipo porque hasta donde se sabe durante la gestión anterior solo fueron aseguradas 106 mil armas, equivalente a menos de dos tercios de las que se incautaron con el ex presidente Felipe Calderón (169 mil armas) y al paso que vamos en este sexenio (5 mil armas en 4 meses), el total incautado apenas superará las 90 mil.
En cuanto al fentanilo las cosas son diferentes, tanto la legislación estadounidense como la mexicana prohíben su producción, transporte y comercialización, por lo que su combate entre ambos es menos complejo que el de las armas de fuego, sin embargo al final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos el responsable de que no ingrese dicho opioide a su territorio y antes de buscar culpables en otro lado, debería cerrarle el paso en sus aduanas ubicadas a lo largo de la frontera con México antes de culpar de todos sus males a su vecino.
Pero aprovechando que México ya ofreció 10 mil elementos del ejército para cuidar la frontera en común a cambio de no subir los aranceles a sus exportaciones, tendrá pretextos para volverlo a culpar si a su consideración no cumplen con su objetivo. Con mayor razón si esta medida se toma como un triunfo de la presidenta de México sobre Estados Unidos.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ
