La solicitud de repatriación del equipo jurídico de Ismael Zambada al gobierno de México, fundada ampliamente en diversos instrumentos internacionales, dejó ver en unos cuantos renglones su verdadera intención: lanzar una amenaza. De no cumplirse su petición, dice, "se generará un colapso", o sea, la destrucción o ruina de una institución, sistema o estructura. ¿Es posible este escenario? Analicemos.
Quienes nos hemos dedicado a la cuestión penal sabemos que la defensa adecuada es un derecho humano que no distingue la calidad del defendido. Un buen abogado penalista hará que su cliente pague únicamente por lo que realmente hizo, no por lo que no cometió. Por la forma de entregarse a la justicia estadounidense, el caso de “El Mayo” merecería un análisis de fondo sobre debido proceso, pero la amenaza eclipsa a la pretensión jurídica.
El empoderamiento de criminales como Zambada o Joaquín Guzmán se explica por la red de complicidades construidas en el tiempo. Las connivencias con la política y otros factores de poder son condición sine qua non para la subsistencia de la delincuencia organizada a nivel global, no es dato novedoso.
La historia documenta casos de liderazgos criminales que, acorralados, intentan hacer valer su poder y alinear los mecanismos institucionales a conveniencia para salir bien librados: Pablo Escobar en Colombia inauguró el narcoterrorismo ante la amenaza de ser extraditado; Tommaso Buscetta, en Italia, estrenó la figura de los "pentiti" o arrepentidos, clave para la realización del histórico Maxi Proceso contra los jefes de la mafia; y en Estados Unidos, los casos de Al Capone, Lucky Luciano y Frank Lucas, por citar algunos, sentaron importantes precedentes.
La historia del combate al crimen organizado ha tenido en los arrepentidos una herramienta estratégica. Sin embargo, el poder alcanzado por algunos, como el propio Zambada, los lleva a rechazar opciones de sometimiento a la justicia si no les son plenamente convenientes. De ahí que, de los casos citados en el párrafo anterior, el destino de Buscetta, Capone, Luciano y Lucas fue morir en libertad por enfermedades y no perseguidos y asesinados como Escobar.
Dicho esto, y al margen del debate sobre el estilo de gobierno de la llamada 4T, es claro que la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum es distinta a la de su antecesor. Así lo demuestran las detenciones que han afectado significativamente al poderoso Cártel de Sinaloa y el nombramiento de un auténtico secretario de Seguridad y no de un gestor político transitorio.
La amenaza de Zambada debería responderse con visión de Estado. Si el colapso al que alude es la revelación de complicidades, recientes o añejas, no hay mejor oportunidad para "limpiar las escaleras de arriba para abajo", como repetía alguien hasta el cansancio.
El "colapso" abriría la oportunidad de entablar un Maxi Proceso similar al de Italia y retomar la rectoría del Estado en aquellos lugares donde su presencia ha sido anulada por el poder criminal.
Nada daría más legitimidad al esfuerzo gubernamental; nada daría más sentido a las vidas perdidas en el combate al crimen organizado.
POR MANELICH CASTILLA CRAVIOTTO
COLABORADOR
@MANELICHCC
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