La Justicia es el fin del gobierno. Es el objetivo de la sociedad civil. Siempre ha sido y siempre será perseguida hasta ser obtenida, o hasta que la libertad sea perdida en su búsqueda.
(El Federalista, No 51)
De acuerdo con registros antropológicos, hace poco más de cincuenta mil años que el humano moderno llegó al continente europeo. Las primeras civilizaciones, asentamientos en ciudades con escritura e irrigación, se erigieron cuatro o cinco mil años antes de la era cristiana.
En esos seis o siete mil años de cultura, la barbarie ha ocupado mucho más tiempo que la paz y el progreso. La naturaleza humana es harto compleja y se ha convertido en un gran reto, civilizar y progresar.
Una sociedad avanzada no es aquella que simplemente declara como su objetivo el bienestar colectivo o el beneficio de lo más pobres, sino la que logra progreso material, político, cultural sostenido con armonía social.
Cuando un grupo importante de ciudadanos viven bajo el temor de la extorsión o las reglas del crimen, no hay paz social porque ésta no existe sin justicia.
El orden legal no surgió por generación espontánea. Lo crearon seres sociales para sustituir el caos de la fuerza o las instancias de venganza privada. La razón y el lenguaje lo cambiaron todo. Los esquemas retributivos eventualmente fueron sustituidos por una red de derechos y obligaciones cada vez más útil y compleja que brindó estabilidad. De esa manera se asentó el progreso social en la cultura occidental y posteriormente se produjo la forma más civilizada del país moderno: El Estado de control constitucional efectivo.
De esos hechos históricos y los ejemplos de algunas naciones, se infiere que el derecho es la base de todo y por ende la exaltada importancia del mecanismo de justicia basado en un entramado, legislado racionalmente, de deberes y facultades.
Al final, sigue aplicando una derivación del anciano apotegma sobre justicia: Dar a cada quien lo que le corresponde, bajo el mandato de una ley constitucional de gestación plural. Parece simple y claro, no lo es.
En toda comunidad humana dos piezas sociales resaltan: a) El mecanismo económico que permite generar los bienes y servicios que se necesitan o desean; b) El aparato que permite la conducción colectiva, la seguridad en los intercambios y transacciones y la resolución pacífica de los conflictos.
El Estado debe proveer un sistema creíble y funcional que pueda resolver exitosamente sobre la reivindicación de los derechos legítimos de los gobernados y, en su caso, asignar la sanción que corresponde a la responsabilidad jurídica incurrida.
Además, no es suficiente que exista un aparato estatal de justicia, es indispensable que la gente crea en él.
En caso contrario, la población evade el sistema y busca solucionar problemas de formas alternativas, algunas violentas. Se regresa a mecanismos de justicia por propia mano. Y en el mejor escenario se pasa a un sistema de justicia privada a través de la mediación y el arbitraje. Los cuales pueden quedar mediatizados por la subsidiaria ejecutividad judicial.
Hay credibilidad del sistema cuando existen los medios y/o las condiciones para concluir que merece ser creído. En el sentido de que puede cumplir eficazmente con su objetivo y las tareas que tiene asignadas de manera correcta.
En otras palabras, hay elementos que son indispensables para esa tan deseada y necesitada credibilidad. El sistema nacional de justicia debe tener independencia, aptitud técnica e imparcialidad.
No dependencia, se traduce en que el mecanismo creador debe garantizar que los poderes formales o fácticos no intervienen facciosamente en su integración. La segunda es el reconocimiento de que la aplicación de la justicia es un conocimiento especializado que no se adquiere simplemente con un título.
Finalmente, la imparcialidad se traduce en que las reglas aseguren que todos los actos o resoluciones de los juzgadores estén estrictamente apegados a la lógica jurídica que impone la ley aplicable sin consideraciones dogmáticas de ningún tipo y mucho menos nociones de carácter político, disfrazadas de control disciplinario.
Sin credibilidad, el sistema nacional de justicia es débil. Puede tener facultades formalmente asignadas, pero no fuerza autónoma. Quedará sometido a fuerzas políticas y/o poderes fácticos.
POR MIGUEL A ROSILLO
PAL
