La presidenta Claudia Sheinbaum presenta dos iniciativas de ley para resolver el gran problema de la descoordinación entre los tres órdenes de gobierno responsables de la seguridad. Este ha sido el gran drama de México. Los gobernadores y alcaldes se han excusado en el laberinto de la responsabilidad compartida de la seguridad para esconder sus problemas de gestión.
El argumento que sustenta el gabinete de seguridad, que encabeza Omar García Harfuch, es una “reingeniería institucional para mejorar el servicio de las instituciones de seguridad pública” con base en las prioridades de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2024-2030). Analicemos los puntos más relevantes de la primera iniciativa.
Obligatoriedad de compartir y actualizar la información. Para que el equipo de Harfuch pueda afinar con precisión de relojero su estrategia de inteligencia basada en información, necesita que todos los estados y municipios actualicen diariamente sus bases de información delictivas. Los centros estatales y municipales de control y comando también se tendrán que profesionalizar y certificar.
Registro Nacional de usuarios de telefonía móvil. Las empresas de telecomunicaciones tendrán la obligación del registro de alta de usuarios de líneas móviles e inhabilitar aquellas que no estén asociadas a una persona. Este es un paso trascendental para acotar la operación de las organizaciones criminales. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dirige José Merino, será la responsable de desarrollar y administrar esta plataforma digital.
Bloqueo de señales en cárceles. Con esta ley el gobierno federal, estados y municipios pueden solicitar a las empresas de telecomunicaciones restringir sus servicios de transmisión de voz, datos e imagen. Esto es fundamental para reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales en las prisiones. Esto es crítico para reducir el delito de extorsión.
Coordinación judicial y seguridad. Se establecen mecanismos que posibiliten la coordinación entre el Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales para guiar la actividad policial y ministerial. Esto busca cerrar la puerta a la impunidad en la judicialización de las carpetas de investigación.
Política nacional de acreditación y certificación policial. Esta es la clave en un país federal como México. Desde hace tres décadas esta es una de las políticas más exitosas en Alemania que también es un país federal. Se certifican no sólo a las policías estatales y municipales, sino también a los policías de manera individual. Con esto se busca estandarizar los conocimientos y carrera profesional.
Auditoría de recursos federales. Los fondos federales han sido la caja chica de gobernadores y alcaldes por más de 30 años. Esta ley plantea mayores niveles de auditoría desde la Federación. Se establece que el Secretariado Ejecutivo puede realizar visitas y revisiones en cualquier momento y puede decretar suspensión de ministración de recursos además de dar vista a la ASF.
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Agenda estratégica: La segunda iniciativa, la “Ley Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública” establecerá un nuevo marco regulatorio para las empresas del sector privado.
POR: GERARDO RODRÍGUEZ
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