Desde hace algunos lustros he venido planteando la necesidad de racionalizar el muy abultado presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que por lo general arrastra cada año “colchones” (es decir, agregados a lo que realmente necesita) para asegurarse de posibles insuficiencias al presupuestar.
Además, excesos de personal en años donde no hay comicios federales y dispendios naturales cuando se nada en la abundancia, son algunos de los rubros que demandan atención en materia de racionalidad.
Dicho lo anterior, también debe decirse que recortarle al INE más de 13 mil millones de pesos -pedía 40 mil mdp-, equivalente a lo previsto originalmente para la organización de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue también un exceso de la Cámara de Diputados.
No obstante, importa tener presente que 4 mil 620 millones, presupuestados para una eventual consulta popular (que seguramente no habrá en 2025) era una partida destinada a la supresión desde el momento mismo de su inclusión en el proyecto de presupuesto del INE.
Como es sabido, el INE remite anualmente su proyecto al Poder Ejecutivo, quien no puede tocarlo por tratarse de un órgano autónomo y se limita a incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a enviarlo a la Cámara de Diputados, la cual sí puede modificarlo, como lo hizo en diciembre pasado.
En ese marco, es deseable la concertación de un acuerdo entre el INE y el Gobierno de la República, en la reunión de consejeros con la presidenta Claudia Sheinbaum, prevista para este jueves 9 de enero. Si bien el presupuesto solicitado por el INE es excesivo, también es evidente la necesidad de garantizar las mejores condiciones para la elección de jueces, magistrados y ministros, que será un hito, un antes y después, en el PJF.
En mi opinión se justifica un recorte importante al proyecto original del INE, pero no tan grande como el decidido por los diputados. Lo más sensato sería determinar un justo medio y viabilizar una ampliación presupuestal consecuente.
Ahora bien, más allá de la coyuntura, si se decidiera racionalizar el colosal gasto de México en elecciones -si se incluyen comicios estatales, el monto total casi duplica el gasto federal-, habrá que revisar, además de lo ya señalado antes, el costo de materiales electorales, rubro en el cual un reducido grupo de empresas concentra el suministro y fija precios con frecuencia excesivos. Hay ahí un campo para la racionalización, pero -obviamente- sin mermar calidad.
Adicionalmente, se precisa blindar las compras del INE para evitar corruptelas, y ahí el Órgano Interno de Control tiene una gran tarea pendiente, que debe realizar sin concesiones ni complicidades con funcionarios de alto y bajo rango y tampoco con personeros de los partidos.
En materia de racionalidad presupuestal, otro gran rubro es el excesivo financiamiento público a partidos, a los cuales se les han entregado muy cuantiosos recursos, sin que por ello tengamos mejores partidos.
PLUS DIGITAL: RECORTE A PARTIDOS
Los partidos políticos han protestado con fuerza por la reducción drástica del monto que el INE había previsto destinar este año (117 millones de pesos) a los gastos de las oficinas de los representantes partidistas y legislativos en la sede del órgano electoral, como consecuencia del fuerte recorte que la Cámara de Diputados, a su vez, le asestó al INE.
Aunque los partidos tildan de venganza tal reducción, lo cierto es que ese financiamiento nunca ha tenido justificación suficiente y debiera ser cancelado en su totalidad. Con el argumento de que son integrantes del Consejo General del INE (con voz, pero sin voto) y, por tanto, deben tener espacios en las oficinas centrales, se ha hecho costumbre que la institución comicial asuma también el costo de personal, mobiliario y otros gastos de oficina. Y esto es discutible, para decir lo menos.
Importa precisar que no se trata del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos. Este financiamiento, al que se agrega dinero adicional para campañas cuando hay comicios federales y una suma más para las llamadas actividades específicas, está prescrito en la Constitución y es intocable. La reducción es sólo al gasto de las oficinas de las representaciones partidarias y legislativas en la sede del INE.
Los representantes de partidos y del Congreso de la Unión en el INE dependen de las dirigencias de sus partidos y de sus bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado y, en consecuencia, los gastos de sus oficinas y de su personal deberían ser sufragadas por sus partidos y sus respectivas bancadas.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
MAAZ
