Las obligaciones de seguridad del Estado, entendido como el detentador del monopolio del uso de la fuerza legítima y garante de la tranquilidad patrimonial y personal de las y los ciudadanos, incluirán a partir del 20 de enero, cuando toma posesión el Presidente estadounidense Donald Trump, un reto serio para la Presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué desafía más al gobierno federal: las incertidumbres asociables a la impredecibilidad relativa de Trump con su demagogia activa o la presencia de los cárteles y su capacidad de disrupción económica y armada?
Desde la respuesta a esa pregunta hipotética puede identificarse la relevancia de combatir la adicción al fentanilo, poner foco al contrabando de origen chino, enfatizar la reducción de homicidios dolosos y comunicar la dignidad soberana de México.
La frontera territorial es una de dimensión material, política y simbólica. Puntos aduaneros y retórica reivindicatoria de nuestra dignidad colectiva van juntos.
Cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su informe de 100 días, señala al crimen como una opción de muerte, introduce una valoración útil y un recordatorio de los propios compromisos del Estado para desmontar desigualdades, fomentar prevención y erradicar impunidad. Y no es tan automático como urgente.
Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Chiapas revelan la necesidad de fijar fronteras sostenibles desde la Federación como desde figuras locales de mando. No existen límites de gobernabilidad contra los cárteles si es más relevante la variable ausencia o presencia de violencia entre ellos que el impacto estratégico del aparato del Estado. Fronteras de lo posible.
Un modelo aguzado en estos meses desde la Ciudad de México avanza hacia otro nivel con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien no solamente subraya el legado de Sheinbaum, sino que inició acciones para la extensión y profundidad de la inercia precedente.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
COORDINADOR GENERAL DEL C5
@GUERREROCHIPRES
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