Las diferencias entre Elektra y la autoridad fiscal llegan a la última instancia judicial como parte de un proceso donde la cadena de tiendas alega la inconstitucionalidad de un cobro doble de impuestos que cubrió desde hace años.
Se trata de una disputa que tiene en tribunales al menos 10 años y donde el fisco exige un cobro de 25 mil millones de pesos.
Por lo pronto, la empresa de Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha logrado, de acuerdo con las leyes, una revisión de ese expediente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de sentencias dictadas por el Décimo Octavo y Vigésimo Tribunales Colegiados.
La filial de Grupo Salinas explicó que la SCJN accedió a la revisión “por la evidente inconstitucionalidad y porque responden al ejercicio de nuestros derechos como contribuyentes”.
El diferendo como imaginará llegó ayer a Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al máximo tribunal haciendo a un lado que se comprobó el requisito indispensable de certificación de constitucionalidad, y que en su momento la SCJN admitió recursos en 2008 y 2013 al considerar que subsisten cuestiones que revisten un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.
Elektra dice que la justicia mexicana —incluidos los ministros de la SCJN— está obligada a realizar un análisis imparcial y completo de esos casos, incluyendo el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva García, quien en su momento exhibió los abusos que la autoridad tributaria cometió con el doble cobro de impuestos.
La cadena de tiendas dijo que la SCJN y su imparcialidad están bajo ataque sistemáticos desde Palacio Nacional a partir de una serie de imprecisiones y falsedades sobre los recursos interpuestos por Elektra con el fin de presionar a los ministros.
LA RUTA DEL DINERO
