La aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión tendrá múltiples implicaciones clave en la relación bilateral más importante del mundo: Estados Unidos.
Destacan dos. En primer lugar, es falso afirmar que las reformas sean congruentes con las disciplinas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). No lo son. El artículo 29.4 del Tratado establece que cada Parte mantendrá tribunales “imparciales e independientes de la oficina o autoridad encargada de la aplicación administrativa y no tendrán ningún interés sustancial en el resultado del asunto”.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte en un país con débil estado de derecho como México abre la puerta para la injerencia indebida de terceros actores (desde intereses políticos y económicos –nacionales e internacionales– hasta crimen organizado). De igual forma, el establecimiento de un Tribunal de Disciplina que vigile las sentencias de los tribunales puede incentivar a los jueces a pensar en su futura carrera profesional antes que en impartir justicia.
México no sólo se arriesga a disputas comerciales, sino también llega en una posición de desventaja a la revisión –que no renegociación– del T-MEC en 2026, la cual, contrario a lo que se cree, no tendría por qué implicar un riesgo mayor para la relación comercial si el país se comprometiera al espíritu y letra del tratado. La reforma judicial complica el panorama, independientemente de quién gane la Casa Blanca el primer martes de noviembre.
La segunda implicación, igual o más relevante, es que la percepción de pérdida de independencia de los tribunales mexicanos representaría un fuerte desincentivo para la colaboración en materia de seguridad en el combate al crimen organizado trasnacional.
México no tiene las condiciones para resolver la crisis de seguridad que azota al país desde 2007 por sí mismo. Tampoco Estados Unidos. La amenaza del crimen organizado sólo se puede abordar con éxito de forma conjunta. Un país con un estado de derecho débil es, por definición, un socio poco confiable.
En lugar de transitar hacia un tratado de seguridad de América del Norte –con mecanismos de identificación de objetivos prioritarios, intercambio de inteligencia, certificaciones y controles de confianza (vetting), entrenamiento y capacitaciones, entre otros, como lúcidamente ha propuesto Eduardo Guerrero– se estarían fomentando las acciones unilaterales que flaco favor hacen para resolver la problemática.
Será responsabilidad de los tres Poderes de la Unión velar por que la implementación de la reforma se lleve a cabo con pleno respeto a la independencia de los juzgadores. Un primer paso será garantizar que los miembros de los comités de evaluación de las candidaturas sean verdaderamente independientes del Estado. La legislación secundaría deberá establecer un proceso de selección de estas personas que promueva los mejores perfiles.
El desarrollo de este país está indivisiblemente ligado al proceso de integración regional de América del Norte con tres países independientes que confían y cooperan entre ellos. El poder judicial es el garante de última instancia de esa confianza.
POR OSCAR OCAMPO ALBARRÁN
ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI
@OSCAROCAMPO
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