Con la aprobación irreversible de la Reforma al Poder Judicial, la derecha en México ha recibido un golpe tan certero que ni el boxeador más experimentado hubiera podido esquivar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, con una maniobra quirúrgica, logró quitarle a la oligarquía el único bastión que le quedaba en el poder público para defender sus intereses, sus privilegios y, claro, sus canonjías.
Pero lo hizo, para mayor ironía, por la vía democrática. Algo impensable para aquellos que creían que el poder judicial estaba a salvo de regresar al servicio del pueblo. No fue un simple cambio de ley. Es un golpe letal a la red de nepotismo, influyentismo y corrupción que mantuvo secuestrado el sistema de justicia y propició la impunidad durante décadas.
Esa misma justicia que siempre estuvo a disposición de quien pudiera pagarla. Porque, vamos, ¿quién se va a preocupar por un juicio justo si tiene los bolsillos vacíos? Era hora, también, de poner fin a la politización de la justicia y a su servidumbre fiel a los intereses económicos que la manipulaban como marioneta.
Es casi de no creerse que el 50% de los trabajadores del Poder Judicial, como ellos mismos lo reconocieron, estén emparentados entre sí. Sí, así como lo leen: la mitad del personal de la justicia mexicana pertenece a una red de nepotismo.
Familias completas han hecho del poder judicial su negocio personal, cooptando un sistema que debería estar al servicio del ciudadano. Con la reforma, se le aplicó un golpe político letal a la red de nepotismo y corrupción más grande de la historia del viejo régimen en México.
Esta reforma busca que la justicia vuelva a ser independiente, autónoma y soberana, libre de los poderes fácticos y económicos que la mantenían atada de pies y manos. Con ella, se abren las puertas a una nueva era en la que los poderes de la república obedezcan verdaderamente al mandato popular. Un poder judicial que, en lugar de servir exclusivamente al poder económico, atienda sin distingos a toda la gente.
Por eso era inaplazable desmantelar esa estructura que, durante décadas, solo aprobaba aquello que beneficiaba a los poderosos y bloqueó todas las reformas cruciales para beneficiar a las y los mexicanos. Y vamos a ser francos: ¿alguien cree que, con Norma Piña a la cabeza del poder judicial, habría sido posible avanzar en estas reformas?
Su inclinación por el PRIAN y su inclinación antidemocrática habrían bloqueado cualquier intento de cambio en favor de las mayorías, tal y como lo ha hecho hasta ahora.
Era urgente desterrar a ese grupo de poder que protege a las transnacionales, a los grandes evasores fiscales, a los delincuentes de cuello blanco y de metralleta. Solo así, la justicia puede realmente cambiar en favor de quienes más la necesitan. La derecha, ciega en su arrogancia, no vio que cada paso del gobierno de López Obrador los iba dejando más atrás. Cada mañanera, cada decisión política, cada avance social los distanciaba más del pueblo.
Y cuando llegó la elección del 2 de junio, ni cuenta se dieron de que ya lo habían perdido todo. Esta reforma judicial es la última jugada política de alto nivel de Andrés Manuel López Obrador, un jaque mate que pone fin a la protección de los intereses de unos pocos en detrimento de las mayorías. ¿Y qué pasa con las inversiones? Tranquilos.
No pasa nada. Si algún inversionista de Estados Unidos decide retirar su dinero de algún sector, China o cualquier otro inversor ocupará su lugar de inmediato. Las verdaderas preocupaciones de Washington no son económicas, sino el temor de que el progresismo se vuelva contagioso en América Latina y otras naciones repliquen lo que México está haciendo: democratizar el poder.
Una fiebre de cambio que muchos querrían ver detenida antes de que se extienda más allá de nuestras fronteras. Y claro, el berrinche de la derecha seguirá. Sus protestas en contra de la reforma judicial llegaron al punto de las amenazas de muerte y la irrupción violenta en las sesiones del Senado. Pero sin respaldo popular, sus gritos se perderán en el vacío porque los corruptos están plenamente identificados.
POR VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CDMX
@VROMOG
PAL
