Sea cual sea el desenlace de la reforma judicial, piedra angular del Plan C, propuesto por el presidente López Obrador, la trama en el Senado de la República revela la falla estructural que anticipa el cambio de régimen y el golpe a la democracia encabezado por el grupo en el poder.
Los primeros diez días de la nueva legislatura, han sido suficientes para constatar el nivel de fragilidad democrática en que nos encontramos.
Por un lado, la obsesión autoritaria del gobierno por aprobar, a cualquier precio, la reforma judicial y el resto de las iniciativas presidenciales antes de que concluya el sexenio, con la consigna de asegurar el cambio de régimen de división de poderes y relevo sexenal, por el de concentración absoluta del poder y la entronización del presidente como el gran reformador.
Solo así se explica la tensión y el incremento del riesgo país que han provocado los impulsores de las retornas. La cerrazón ante la preocupación de nuestros principales socios comerciales y las observaciones de las entidades financieras internacionales; y el desprecio a todas las voces que se han expresado desde el Poder Judicial, las universidades y la oposición, confirman la determinación autoritaria del gobierno para concretar las reformas en curso, sin importar el sometimiento al gobierno entrante y sin ninguna consideración a los altos costos políticos que tendrán que pagar.
Por otro lado, la oposición exhibe su debilidad a las primeras de cambio. Cierto es que la presión sobre los legisladores de oposición ha sigo brutal, que han estado sujetos a propuestas inconfesables y a todo tipo de amenazas, buscando satisfacer la ambición política o despertar el miedo a represalias -nada nuevo o inesperado en la lucha por el poder- sin embargo, lo que todos esperamos es que nuestros representantes asuman su responsabilidad y que defiendan la democracia y las libertades.
Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil y los integrantes del Poder Judicial se han movilizado y han presentado propuestas alternativas de reforma, sin que a la fecha hayan sido escuchadas. El llamado “democratómetro” ha exigido a cada uno de los 43 senadores de oposición su asistencia a la sesión y el voto el contra. Al momento la demanda no ha sido plenamente satisfecha.
Así las cosas, dos fuerzas desproporcionadas e inequitativas definirán en los próximos días el futuro de México. La aplastante mayoría autoritaria del gobierno y la endeble posición de los opositores parece describir la crónica de una muerte anunciada y anticipar un pronóstico reservado, pese a todo, nada está determinado.
En estas horas críticas, no hay que olvidar que la reserva moral y democrática de los ciudadanos de un país que anhela vivir en libertad y democracia, siempre será una alternativa frente a los escenarios más adversos y los presagios más funestos. Es la hora de luchar.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
MAAZ
