En días pasados, apenas iniciada la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso de la Unión, presenciamos lo que será uno de los episodios más vergonzosos de los últimos años y que ilustra lo que ha sido el gobierno de López Obrador y revela la continuidad de la presidenta electa: la sumisión del poder legislativo ante un estado autoritario.
La discusión y votación de la reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados sucedió en un ambiente tenso y plagado de irregularidades en el proceso legislativo por parte de la mayoría ficticia oficialista.
Ante un entorno de protestas de trabajadores del Poder Judicial, académicos y estudiantes de instituciones públicas y privadas, y de la ciudadanía que manifiestan su rechazo a dicha reforma, la reacción del gobierno y sus legisladores fue cuestionar su manifestación y negarles el derecho de participación y representación en un tema que es de su interés; debido a esta intolerancia y cerrazón de Morena se optó por sesionar en una sede alterna en la que no se garantizaron los elementos indispensables para que las minorías representadas en la Cámara de Diputados pudieran ejercer debidamente la función legislativa.
La reforma del Poder Judicial que determinará el futuro de nuestro sistema judicial, democracia y equilibrio de poderes exigía el cumplimiento puntual de diversos principios y formalidades previstos en diversos ordenamientos.
Ya en otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas iniciativas de interés del Ejecutivo Federal por no respetarse esos principios y formalidades, y por no garantizarse los derechos de las minorías en el Congreso de la Unión. En parte, de ahí deriva la actitud revanchista y vengativa del presidente en contra del Poder Judicial.
Desde el primer minuto de la sesión se denunciaron las irregularidades en el proceso legislativo y exigimos que se respetara los derechos que como legisladores les asisten.
El proyecto que impulsa Morena es profundamente regresivo y atenta contra la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de nuestra democracia.
Acción Nacional presentó un voto particular que proponía el respeto del principio de división de poderes, fortalecer el Poder Judicial a través de la carrera judicial, mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, presupuestos garantizados, el respeto de los derechos y garantías procesales que asisten a las víctimas y personas imputadas, una verdadera reparación del daño, entre otras, y principalmente la capacitación y vigilancia del actuar de las autoridades policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales.
Es en el ámbito local en donde se presenta mayores deficiencias de nuestro sistema judicial y en ningún momento ha sido comentado por el todavía presidente ni por la presidenta electa.
La reforma del Poder Judicial aprobada en la Cámara de Diputados elimina cualquier vestigio de imparcialidad en el sistema.
Desde la eliminación de la experiencia como requisito para ser Ministra(o), Magistrada(o) o Juez(a), hasta la implementación de un mecanismo tan absurdo como la tómbola para asignar cargos judiciales, cada elemento de esta reforma está diseñado para debilitar el sistema y someterlo al control del Ejecutivo.
Esto no es solo una reforma mal diseñada, es un retroceso de décadas en el desarrollo de nuestro sistema judicial que, con sus fallas, había logrado mantenerse independiente de las presiones políticas.
A pesar de nuestras denuncias y de las manifestaciones en las calles, Morena y sus aliados decidieron avanzar. Los 357 votos a favor, conseguidos bajo condiciones que no ofrecen garantías de legitimidad, son una muestra más de cómo este gobierno pretende imponer su voluntad sin escuchar ni dialogar.
La historia juzgará a quienes, bajo el disfraz de una mayoría, decidieron imponer su voluntad y destruir los pilares fundamentales de nuestra democracia.
El contenido de la reforma del Poder Judicial impulsada por el gobierno federal tendrá consecuencias catastróficas en contra de la ciudadanía que confía en una verdadera autonomía e independencia del Poder Judicial para hacer valer sus derechos y defensas en un juicio. Ese día quedará marcado como uno de los momentos más oscuros para la democracia mexicana.
La lucha aún no termina y ahora le corresponderá al Senado de la República el impedir que esta venganza se cumpla.
En el Senado, el oficialismo sabe que no cuentan con la mayoría calificada, por eso están buscando "interpretaciones" y atajos que les permitan torcer el reglamento a su conveniencia.
Les falta un voto de la oposición o la ausencia de un Senador para conseguir su objetivo. Y en lugar de buscar consensos, de abrir el debate, de escuchar las preocupaciones de los expertos y de la sociedad civil, han optado por presionar y acosar a miembros de la oposición.
No es casualidad que los estudiantes, las personas integrantes del Poder Judicial, y gran parte de la sociedad están manifestándose en contra de esta aberración.
Asimismo, Cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá, las embajadas de ambos países en México han manifestado su rechazo a la misma, señalando que influirán en la inversión y por ende, en la generación de empleo. Incluso el mercado ya ha reaccionado negativamente ante su aprobación en la Cámara de Diputados.
Saben que lo que está en juego no es solo una reforma más, sino el futuro de la justicia en México. Si permitimos que esta reforma pase tal como está, estaremos abriendo la puerta a un sistema en el que los jueces serán meros títeres del Ejecutivo, y la independencia judicial será cosa del pasado.
POR JORGE ROMERO HERRERA
DIPUTADO
@JORGEROHE
EEZ
