En días pasados se inició el parlamento abierto sobre la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Al evento fueron convocados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco efecto tendrán sus argumentos si los legisladores se limitan a aprobar la iniciativa sin moverle una coma. Sin embargo, quedan sus razonadas intervenciones en defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial. Destaco algunos principios aludidos por los ministros Aguilar Morales, González Alcántara Carrancá, Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán, Ríos Farjat y la presidenta Piña Hernández.
-Importancia de la carrera judicial, como mecanismo de preparación y especialización de jueces, magistrados y ministros. Fortalecer las carreras judiciales en los estados y limitar facultades a los gobernadores.
-Meritocracia y selección a través de concurso, como incentivo individual y garantía de objetividad en los ascensos. Igualmente, garantía de estabilidad en el cargo como retribución a los méritos, antigüedad y experiencia de los juzgadores.
- Evaluación de resultados de reformas en materia penal, civil, mercantil, laboral actualmente en implementación. No desarreglar lo que sí funciona para crear más problemas.
Cabe mencionar que ninguno de los anteriores ministros negaron o eludieron la necesidad de reformas para mejorar la impartición de justicia, aunque rechazaron que la elección popular sea la respuesta. En palabras de Alfredo Gutiérrez, instaurar ese modelo “convertiría a la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.
Del lado contrario quedaron las posiciones de la ministra Esquivel Mossa, con su propuesta de sustituir “gradualmente” a los mil 600 miembros del Poder Judicial federal (previa renuncia a la presidenta de la Corte).
Y, desde luego, la ministra Batres Guadarrama, para quien la justicia en México es “cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial”. Probablemente sí lo sea, pero la mala noticia es que la iniciativa de reforma de López Obrador no corregirá ninguno de esos defectos. La purga de juzgadores y su designación por medio de elección popular lejos de acercarlos a la población sólo los hará dependientes de quienes paguen sus campañas y los lleven al poder.
Con los niveles de corrupción, violencia e inseguridad que tenemos, la llegada de un nuevo gobierno y legislatura permiten hacer un diagnóstico verídico y adoptar las medidas adecuadas. Es una locura dinamitar todos los tribunales del país para saldar los agravios personales de un presidente. Como ofreció la ministra Piña, urge “entablar un diálogo real y responsable, diluyendo así la idea de una decisión tomada”. Aún es tiempo de que la mandataria entrante le tome la palabra.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
PAL
