A partir de que en 2014 fuera elevada a rango constitucional el principio de paridad de género, larga ha sido la ruta para consolidar dicho precepto, básico en un sistema democrático en donde los derechos deben corresponder por igual tanto a hombres como a las mujeres.
A partir de 2019 con la aparición de la reforma conocida como “Paridad en Todo”, este principio se ha extendido para a la administración pública en sus tres niveles de gobierno, en los organismos autónomos y en los sistemas normativos indígenas, con lo que, las distintas autoridades han ido consolidado una igualdad que, a pesar de todo, no llega materializarse.
Por ello, la paridad de género no debe de verse solo como la igualdad entre hombres y mujeres para acceder a puestos de representación política, sino como la obligación del Estado mexicano, a través de sus instituciones de generar un esquema normativo con perspectiva de género para la instrumentación de políticas públicas igualitarias que tengan la finalidad de fortalecer la presencia de la mujer en todos los ámbitos posibles para su pleno desarrollo.
Bajo este contexto, resulta muy interesante referirnos al Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) elaborado por el INEGI correspondiente a 2023, publicado apenas el pasado 11 de julio del presente año, que nos ofrece información sobre la gestión y desempeño de cada uno de los congresos de las entidades federativas que, para el caso de nuestro objeto de estudio, nos referiremos solo a los datos relacionados con la paridad de género en dichos cuerpos integrados por hombres y mujeres.
De entrada, el INEGI reporta que el total de las personas legisladoras de los congresos locales alcanza la cifra de 1,043 personas, de donde el 45.6% (459) correspondió a hombres y el 54.2% (536) a mujeres; 0.2% se manifestaron como personas no binarias. Esta información no incluye al Congreso de la Ciudad de México ya que el INEGI indica que se encontraba “…. en proceso de captación”.
De los datos registrados destaca que los estados con mayor número de personas legisladoras mujeres son Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Tabasco, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur y Morelos.
En tanto, los estados con una paridad en la integración de sus respectivos congresos son Puebla, Hidalgo, Colima, Querétaro y Tlaxcala.
Solo las entidades federativas del Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, y Durango, cuentan con una mayor proporción de personas de hombres respecto de las mujeres.
De esta manera, 19 entidades federativas concentran más mujeres legisladoras; 5 cumplen con la paridad y solo 7 estados existen más legisladores que legisladoras.
Es de destacar también, que las personas legisladoras de estos 31 estados reportados por el INEGI el 54.5% de las mujeres cuentan con un nivel de licenciatura por un 52.7% de los hombres; el 24.1% de las legisladoras cuentan con una maestría por un 24.4% de los legisladores y, finalmente, 3.2% de las personas legisladoras cuentan con un doctorado por un 3.8% de los legisladores. Como podemos observar, el 81.2% de las legisladoras cuentan con estudios de educación superior, por un 80.9% de los legisladores.
Estos registros nos muestran que el principio de paridad de género se ha ido consolidando como un referente imprescindible de nuestro sistema democrático, cuya finalidad es contar con una sociedad más justa, equitativa, que le de certeza jurídica a sus habitantes y plenos derechos a todas las personas que se desenvuelven en sociedad, en este caso, a nuestra noble nación.
POR FERNANDO DÍAZ NARANJO
COLABORADOR
EEZ
