El anuncio de los primeros integrantes del gabinete que acompañará a la virtual presidenta electa fue bien recibido en términos generales. La continuidad de perfiles como Alicia Bárcena, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, además de Rogelio Ramírez de la O, fue buena señal y un guiño hacia el exterior por sus antecedentes diplomáticos. Sin embargo, la capacidad de estos funcionarios no ha despejado la mayor amenaza percibida dentro y fuera del país: la reforma judicial presentada por AMLO y avalada por Sheinbaum al grado de repetir la farsa de consultar al pueblo para justificar una decisión tomada. Se hizo con el aeropuerto de Texcoco, pero ahora es un asunto de mucho mayor envergadura para el gobierno entrante y para el país.
Someter a jueces, magistrados y ministros a elección abierta es hacerlos presa explicita de quienes los lleven al cargo. Si el crimen organizado ya interviene en la selección y veto de candidatos, igual lo hará con quienes aspiren al poder judicial, para garantizar resoluciones a modo e impunidad absoluta. Cualquier juzgador tendría que ser suicida para resolver en contra del grupo delincuencial que le haya dado su apoyo.
Las advertencias han sido claras. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM elaboró un estudio técnico de las 20 reformas presentadas el 5 de febrero por el presidente López Obrador, e impuestas como mandato a su sucesora. Para César Astudillo, con el objetivo de “democratizar la justicia” en realidad se estaría alterando la naturaleza del poder judicial para convertirlo en otro cuerpo representativo, orientado a la política y no a la salvaguarda de la Constitución. Jesús Garza Onofre alerta sobre el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también serían electos por voto popular y se convertirían en “súper jueces” con decisiones inapelables.
Desde fuera, los mercados reaccionaron frente a la posibilidad de acabar de un plumazo con la independencia judicial. Luis de la Calle ha detallado las violaciones a los términos del TMEC y del Tratado pendiente de firmar con la Unión Europea. Y de manera inequívoca, Mike Pompeo, ex secretario de Estado con Donald Trump, escribió en un duro editorial que “la idea de que México pueda mantener la autonomía del poder judicial sometiendo a votación popular a los jueces de todos los niveles, es absurda y profundamente peligrosa.” Trastocar la división de poderes y los contrapesos institucionales es ponerse la soga al cuello y comprometer el futuro del país.
En Estados Unidos, a los mandatarios salientes se les llama “pato cojo” pues aunque siguen en el cargo ya están opacados por el sucesor electo. De seguir adelante la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por López Obrador, veremos el inédito caso de una presidenta menguada en sus capacidades al inicio de su mandato. Una “pata coja”, sometida a su antecesor y sin fuerza propia para defender su administración.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@veronicaortizo
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