La propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aparentemente apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha generado un intenso y lógico debate.
Uno de los riesgos más alarmantes es la posibilidad de que la reforma conduzca a una politización del Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en la selección y nombramiento de jueces y magistrados podría socavar la independencia judicial, ya que los funcionarios judiciales podrían verse obligados a actuar conforme a intereses políticos en lugar de hacerlo bajo principios de imparcialidad y justicia.
La concentración de poder y la falta de independencia judicial pueden aumentar la vulnerabilidad del sistema a la corrupción. Los jueces y magistrados que dependen del Ejecutivo para su nombramiento y permanencia en el cargo podrían ser más susceptibles a presiones y sobornos, comprometiendo la integridad del sistema judicial. Un Poder Judicial influenciado por el Ejecutivo podría tener menos capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
A pesar de estos riesgos, es innegable que el Poder Judicial en México necesita reformas para mejorar su eficiencia, transparencia y accesibilidad. Sin embargo, estas reformas deben ser integrales y no caprichosas, asegurando que se fortalezca la independencia judicial y se mejore la rendición de cuentas sin comprometer los principios democráticos fundamentales.
Cualquier reforma debe incluir mecanismos para la participación ciudadana y la transparencia en el proceso de selección y evaluación de jueces y magistrados. Esto ayudaría a reducir la percepción de corrupción y aumentar la confianza pública en el sistema judicial.
Las consecuencias de esta propuesta ya están teniendo un impacto significativo tanto en los mercados como en la ciudadanía. Los inversionistas, preocupados por la incertidumbre y la posibilidad de un sistema judicial politizado, están mostrando reticencia en nuevas inversiones, lo que puede afectar negativamente la economía.
La ciudadanía, por su parte, muestra un creciente descontento y desconfianza en las instituciones, temiendo que sus derechos no sean adecuadamente protegidos. Hay que revisar lo que el IIJ de la UNAM analizó de la reforma propuesta, para poder juzgar con mayor objetividad. Según estos juristas uno de los principales riesgos de la reforma judicial propuesta es la posibilidad de erosionar la independencia judicial.
La reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de once a nueve, lo que podría afectar la pluralidad de visiones en la interpretación constitucional. También se plantea modificar los perfiles de los candidatos para favorecer a personas cercanas a los grupos de poder político, lo que podría afectar la independencia y la imparcialidad del poder judicial.
Otro aspecto preocupante es la propuesta de reducir el mandato de los ministros de la Suprema Corte a doce años improrrogables, vinculándolo a ciclos políticos sexenales. Esto, junto con la propuesta de modificar la duración de otros cargos judiciales, podría afectar la estabilidad y la independencia de los jueces.
Además, se propone crear un Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar a jueces y magistrados, lo que podría tener un efecto intimidatorio y limitar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
El sistema judicial mexicano es un desastre y es necesario revisarlo y mejorarlo radicalmente. También es fundamental que cualquier reforma se realice de manera cuidadosa, reflexiva y transparente. La independencia judicial, la pluralidad de visiones y la protección de los derechos fundamentales deben ser principios rectores en este proceso.
De lo contrario, existe el riesgo de que la reforma judicial tenga consecuencias negativas para el estado de derecho y la democracia en México. La presidenta electa, además, debe cuidar que la continuidad necesaria no desestabilice el inicio de su mandato, ni política ni económicamente. A partir del primero de octubre ella es la presidenta y Andrés Manuel, como ha prometido, tendrá que jubilarse.
Es imperativo que cualquier esfuerzo de reforma se enfoque en fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y participación ciudadana, y garantizar la protección de los derechos humanos. Solo a través de una reforma integral y cuidadosamente diseñada se podrá lograr un sistema judicial que realmente sirva a los intereses de la justicia y la democracia en México. Un México donde nos sintamos seguros y donde el estado asegure nuestra integridad y la de nuestros bienes.
POR PEDRO ÁNGEL PALOU
COLABORADOR
@PEDROPALOU
MAAZ
