En las entregas anteriores, hemos delineado cinco líneas de acción fundamentales para generar incentivos adecuados y materializar políticas públicas efectivas en materia de seguridad. La claridad en la definición de objetivos estratégicos y tácticos, junto con la centralización de las políticas en los actores clave —policías, militares, marinos, guardia nacional, agentes de inteligencia y ministerios públicos— constituyen la base de estas políticas. Además, la construcción de Protocolos de Actuación y la rendición de cuentas refuerzan las capacidades y permiten una evaluación continua del desempeño. Finalmente, el involucramiento de la sociedad civil es esencial para construir acciones sostenibles que trascienden administraciones.
En esta última entrega, presentaremos las tres líneas de acción restantes, vitales para consolidar un sistema de seguridad pública más justo y eficiente. En primer lugar, la implementación de esquemas alternativos de solución de controversias; es fundamental reconocer que no todos los delitos deben ser sancionados con prisión. En México, los sistemas penitenciarios están sobresaturados, y un porcentaje significativo de las personas privadas de su libertad son primodelincuentes que han cometido delitos menores. Es imperativo implementar esquemas alternativos de solución de controversias que permitan desahogar el sistema penitenciario y ofrecer alternativas más justas y efectivas para delitos menores.
Esquemas como el pago de multas, la reparación del daño, el trabajo comunitario, y otros mecanismos alternativos ya están previstos en diversas normativas, pero su aplicación debe ser ampliada y fortalecida. Por ejemplo, incidentes de tránsito, peleas en bares y robos menores en tiendas pueden ser gestionados de manera más efectiva a través de estos esquemas, evitando el encarcelamiento innecesario y promoviendo una justicia restaurativa que beneficia tanto a la sociedad como a los involucrados.
La segunda línea de acción crucial es la implementación de programas de reinserción social efectivos. La reincidencia delictiva es un problema significativo que no puede ser ignorado. Es esencial que las políticas públicas incluyan programas robustos de reinserción social que ofrezcan una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Estos programas deben enfocarse en la educación, la capacitación laboral y el apoyo psicológico, brindando a las personas herramientas concretas para reconstruir sus vidas y alejarse del crimen. La reinserción efectiva no sólo reduce la reincidencia, sino que también contribuye a la seguridad y cohesión social a largo plazo. Al ofrecer alternativas reales y constructivas, se puede romper el ciclo de criminalidad y construir una sociedad más inclusiva y segura.
Por último, y quizás lo más importante, es colocar la atención a las víctimas en el centro de las políticas públicas de seguridad. Las víctimas de delitos a menudo quedan marginadas en el sistema de justicia, y es fundamental que sus necesidades y derechos sean una prioridad en cualquier estrategia de seguridad.
Esto implica no sólo brindar apoyo inmediato y adecuado a las víctimas en términos de asistencia médica, psicológica y legal, sino también garantizar que tengan un papel activo en el proceso de justicia. Las políticas públicas deben incluir programas específicos para la atención y protección de las víctimas, asegurando que reciban la reparación integral del daño y que sus voces sean escuchadas y respetadas en todo el proceso judicial.
Además, es crucial promover una cultura de respeto y dignidad hacia las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de su apoyo y protección. Esto no sólo ayudará a las víctimas a sanar y reconstruir sus vidas, sino que también fortalecerá la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones de seguridad.
Estas tres líneas de acción, junto con las previamente mencionadas en entregas anteriores, forman un marco integral para la reforma de la seguridad pública en México. La implementación de esquemas alternativos de solución de controversias, una reinserción social efectiva y la centralización de la atención a las víctimas son pasos esenciales para construir un sistema de justicia y seguridad más humano, eficiente y sostenible. Al adoptar estas medidas se puede avanzar hacia un futuro en el que la seguridad y la justicia sean verdaderamente accesibles para todas y todos.
POR RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS WOGAU
COLABORADOR
EEZ
