Envío Diplomático

México vs. Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia

Tradicionalmente, la Corte Internacional de Justicia ha sido un foro en el que litigan muy pocos especialistas en derecho internacional

México vs. Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia
Liliana Oliva Bernal / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de México Foto: El Heraldo de México

El asalto a la Embajada de México en Quito por las fuerzas del orden de Ecuador, el pasado 5 de abril, cimbró a la comunidad internacional. La gravedad de esta afrenta a las normas de convivencia interestatal más elementales, y la visible imposibilidad de avanzar en una solución negociada, ameritaba acción contundente por parte del Estado mexicano. 

Así, con la instrucción del Presidente de la República y la confianza de la Canciller Alicia Bárcena, el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, lideró, con la urgencia que ameritaba el caso, la composición del equipo y la estrategia legal para entablar una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, en relación con las flagrantes violaciones al derecho internacional con motivo de dicho ataque.

El que un Estado acuda a la más alta instancia judicial internacional conlleva la satisfacción de una serie de condiciones jurídicas.

Entre ellas, resulta esencial recordar que la Corte únicamente conoce de litigios entre Estados que hayan otorgado previamente su consentimiento para someterse a su jurisdicción.

Pero, más allá de los requisitos legales, un litigio ante la Corte también implica ponderaciones políticas sobre el agotamiento de otras vías para resolver la disputa y la oportunidad de someterla al conocimiento de la Corte. Así, un litigio de esta naturaleza cristaliza necesariamente decisiones al más alto nivel para trasladar al terreno del derecho internacional, lo que no pudo resolverse por la vía de la negociación y la diplomacia.

Estas reflexiones no se refieren a la estrategia legal del litigio sino, más bien, al equipo que participó en la audiencia de medidas provisionales celebrada recientemente en el marco de dicho procedimiento. Y es que cuenta con particularidades que no debemos soslayar y que, en toda probabilidad, no pasaron por alto para la comunidad jurídica que sigue de cerca la actividad de la Corte.

Tradicionalmente, la Corte Internacional de Justicia ha sido un foro en el que litigan muy pocos especialistas en derecho internacional.

En palabras de la expresidenta de la Corte, Joan Donoghue, “Cada vez que miro a las delegaciones que representan a las partes, me llama la atención que su composición guarda mucho parecido con [quienes] se reunieron en 1945 para redactar la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte. Muy pocos de los abogados proceden de países en desarrollo y, casi todos, independientemente de la nacionalidad, son hombres.” Me atrevo a agregar que, adicionalmente, las delegaciones se componen en su mayoría de hablantes nativos de inglés o francés, idiomas de trabajo de la Corte.

Sin embargo, la delegación de México rompió con el paradigma descrito por la expresidenta Donoghue. Estuvo integrada únicamente por personas funcionarias públicas, todas de nacionalidad mexicana, y hubo paridad de género entre quienes intervinieron en nombre de México durante la audiencia.

La composición de la delegación mexicana apela a varias cuestiones. En primer lugar, ofrece una perspectiva positiva sobre la continuidad de la notable tradición que tiene México en el derecho internacional. Nuestro país ha aportado grandes juristas a esta disciplina, incluyendo a cinco jueces de la Corte, y hay que ver con optimismo la llegada de nuevas generaciones que abreven de esa rica tradición.

En segundo lugar, la delegación mostró la capacidad del Estado mexicano para avanzar y defender sus intereses, con la competencia y destacada tradición que tienen la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano, en un foro cuya complejidad técnica ha excluido en gran medida a los funcionarios públicos. Es un rasgo del que el servicio público de pocos países podría preciarse.

En tercer lugar, la participación de mujeres en el litigio, en una disciplina en la que históricamente han contado con muy pocos espacios, habla de que México deposita su confianza, de la misma manera, en sus personas funcionarias con independencia de su género.

Todos estos factores son positivos y estimo que deben ser motivo de orgullo como mexicanos y, de manera especial, para quienes nos honramos en servir desde la trinchera de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior Mexicano.

POR LILIANA OLIVA BERNAL.

ABOGADA INTERNACIONALISTA Y DIPLOMÁTICA DE CARRERA, ADSCRITA A LA EMBAJADA DE MÉXICO EN AUSTRIA Y MISIÓN PERMANENTE ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN VIENA.

TWITTER: @LOLIVABERNAL

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