El presidente presentó una iniciativa para una serie de reformas, especialmente la iniciativa destinada a establecer la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, narcomenudeo, delitos relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, defraudación fiscal, contrabando, y otras actividades ilícitas.
La Corte ya ha fallado al respecto, en octubre del año pasado señaló que dicha medida cautelar es inconvencional, que en derecho mexicano vigente la hace inconstitucional por violar un tratado internacional y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La prisión preventiva oficiosa es una aberración al estado de derecho, una violación grotesca a la presunción de inocencia, eso sin contar que vivimos en un país corrupto, donde las malas prácticas de las fiscalías y la policía son el orden del día.
La modificación al artículo 19 de la Constitución debe evolucionar hacia la eliminación definitiva de esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior con sustento basal en la jurisprudencia de la Corte y la sentencia que obliga a México como Estado Parte suscribente a acatarla. El gobierno saliente considera aumentar la lista de delitos, este gobierno ve y camina en un mundo al revés. Nunca entendieron o no quisieron entender cómo funciona una democracia.
La prisión preventiva oficiosa es una medida que además de ilegal ya, es utilizada para intimidar o castigar a críticos del gobierno, que son muchos, inocentes en las prisiones antes de ser juzgados y elevar estadísticas. Es tan incongruente, que por un lado el presidente quiere echar a andar la ley de amnistía y liberar e indultar a los reclusos que se le antoje, es entendible, puede ser que varios cercanos a él lo vayan a necesitar.
Insisten en integrar más delitos al catálogo a los cuales se les aplicaría la prisión preventiva oficiosa como delitos fiscales como la defraudación fiscal; no obstante la Corte también se ha pronunciado al respecto, simplemente no entienden derecho y no entienden que no entienden. Por ejemplo, la defraudación fiscal es un fraude al gobierno, requiere al igual que el tipo de fraude dos elementos principalmente, engaño y dolo.
Con la laxitud que tienen los jueces en el dictado del auto de vinculación a proceso cualquier persona podría ser imputada, acusada de este delito, y permanecer en prisión durante su juicio por simples errores contables y omisión a un pago de impuestos, o que a juicio del juez de control, la imputación sea suficiente aún sin indicios objetivos.
Si lo que quieren es dinero y no recurrir a extorsionar a empresarios y cautivos fiscales; mejor que la amenaza de la prisión preventiva oficiosa, deberían propiciar la recaudación, simplificar los trámites y preponderar los convenios de pago con garantía independientemente del tipo del impuesto que deban. Pero bueno, esta aritmética mental lleva varios sexenios sin poder ser descifrada por nuestros genios gobernantes.
Como lo dije, lo absurdo de la propuesta, va en contra de decisiones previas de la Suprema Corte y del criterio establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera creo que alcancen a comprender esta violación sistemática de los derechos humanos en el país.
Este bodrio, no solo amplía una medida que ya ha sido considerada inconstitucional por inconveniente, sino que contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero bueno, si escondemos delincuentes sentenciados en nuestras embajadas; esto es solo una raya más al tigre.
Lo más interesante es que estas iniciativas son para aplicarse en el siguiente gobierno, no en este, por eso llama mucho la atención el indulto que pretende asignarse como prerrogativa del presidente sin reglas ni excepciones, y poder generar presión política sobre su sucesora y su intento de consolidar su agenda política a cualquier costo. Mientras la oposición sigue perdida en los temas absurdos, la candidata parece menos presidencial cada día, mientras la otra quiere lucir como estadista y sin siquiera parecerlo. Lo que realmente está pasando es ignorado salvo por un puñado de mexicanos.
Es imperativo votar por legisladores que no sean servidumbre del presidente o de la presidenta, para que estas iniciativas no sean aprobadas. La oposición de manera unificada debe evitar principalmente que estas reformas se aprueben. Más allá de las preferencias partidistas, la protección de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas deben ser prioridades en el proceso legislativo, no demos manga ancha a nadie, y menos a un presidente o presidenta, México ha sido testigo de lo que se puede hacer mal sin un contrapeso en el legislativo.
Dejemos de ir hacia atrás, detengamos el daño nacional, si decide votar por Morena a la presidencia, por la razón que sea, vote cruzado en el legislativo, vote por la oposición. De a su candidata un contrapeso que la hará ser mejor y crear una mejor versión de su presidencia. Soy un convencido que si el presidente hubiera tenido un poder legislativo equilibrado, hubiera sido menos malo, y ser menos malo en el deporte de gobernar significa miles de millones de pesos no dilapidados y derechos humanos no violados, y si fueran violados, cuando menos serían sancionados.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
EEZ
