Es curioso como una de las prácticas que más impacto tiene en la modificación de nuestra constitución, apenas esté supervisada y se limite a un reducido número de personas.
Me refiero a un ejercicio mediante el cual ciudadanos o colectivos presentan peticiones frente a servidores públicos, buscando influenciar sus decisiones; conocido como cabildeo, lobby o lobbyng.
Es una actividad que, por lo general, está a cargo de cabildos profesionales o consultoras especializadas, que actúan como intermediarios entre los intereses de ciertos grupos de la sociedad y legisladores, funcionarios gubernamentales u otros líderes políticos.
A lo largo de la historia, el lobby ha funcionado como herramienta fundamental para concretar leyes. Sin embargo, es una práctica tan libre en nuestro país, que resulta imposible conocer cuántas disposiciones legales son producto o tienen algo de su incidencia. En parte, también, porque puede presentarse en cualquier momento del proceso legislativo – desde la presentación de una reforma ante una comisión, el voto de un legislador, hasta su exposición en el pleno –.
El cabildeo es uno de los muchos mecanismos de intervención ciudadana y destaca por su grado de expertise. Se distingue de las expresiones de preocupación genuinas en parlamentos abiertos y en juntas de comisiones en las cámaras legislativas por parte de ONGs, representantes empresariales y otros, por el conocimiento y capacidad de relación que tienen los cabilderos con actores principales; así como por su habilidad de preparar y presentar argumentos profesionales que incluyen síntesis de información, comparación de datos y análisis de evidencia científica. Todo esto sumado a la disponibilidad de otro tipo de recursos para persuadir a los servidores públicos.
Aunque el lobby es un ejercicio cada vez más común y parte integral de la democracia, tiene muy mala reputación, principalmente por los intereses que se juegan en estas negociaciones. De ahí la importancia de contar con una regulación contundente.
Apenas en 2010 en México se realizó una breve legislación al respecto, la cual se limita a un capítulo dentro de los reglamentos interiores de las cámaras del Congreso de la Unión. Con ésta se puede saber quién y a nombre de quién se está cabildeando, en qué temas, comisiones y con qué diputados o senadores. Se especifica, asimismo, que ninguna persona legisladora ni su personal podrán aceptar “dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice el cabildero”, y explica las infracciones.
Si queremos una labor legislativa transparente y que la Constitución responda efectivamente a las necesidades de la sociedad mexicana, es fundamental no solo fijar normativas estrictas al cabildeo, sino también hacerlo accesible a todo tipo de grupos, incluyendo aquellos con poco poder adquisitivo.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
PAL
