Las escenas vandálicas que presenciamos hace unos días en la puerta lateral de Palacio Nacional por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa son, desde mi punto de vista, totalmente reprobables.
Una camioneta robada de la CFE (peculiaridades que tiene la vida) irrumpiendo en este recinto sede del Poder Ejecutivo, es una muestra más del grado de violencia y desesperación al que hemos llegado en estos años difíciles.
Desde luego, actitudes como estas merecen la desaprobación de los que creemos en el diálogo, la conciliación y la aplicación de la ley para la resolución de conflictos. Sin embargo, puedo comprender la desesperación e impotencia de un grupo de padres que han sido durante muchos años manipulados a placer a partir de la desaparición de sus hijos.
Desde 2014, lo que les sucedió a estos 43 seres humanos (insisto: seres humanos, me da igual si eran de un bando o del otro, si iban a secuestrar autobuses o no) que al parecer fueron asesinados e incinerados, se ha utilizado por distintos grupos para conseguir sus ambiciones políticas.
Desde aquel año fueron calificados estos hechos como un “crimen de Estado” y recuerdo bien al hoy presidente de nuestro país, prometiéndoles a los padres de los jóvenes que de llegar al poder se conocería finalmente la verdad y se haría justicia. Me temo que las cosas no han ido por ese camino.
Las investigaciones que se hicieron inicialmente no resultaron suficientes y en un ambiente de escepticismo se recurrió incluso a organismos independientes internacionales (GIEI, entre otros) convocadas por el propio presidente Peña, aunque ahora resulte incómodo e inconveniente recordarlo.
En una investigación tras otra fueron apareciendo grupos delincuenciales como Guerreros Unidos, Los Rojos, las relaciones de Abarca (entonces Presidente Municipal de Iguala) y su esposa y muy en segundo plan, casi desdibujada, la participación del Ejército en estos hechos desafortunados.
Con su llegada al Gobierno y tal como había prometido en campaña, AMLO abrió una nueva investigación para “desenmascarar” la mal llamada verdad histórica que presentó el entonces titular de la PGR, Murillo Karam. ¡Y sí que hubo revelaciones importantes! La principal: la participación del Ejército en estos acontecimientos y su negativa a ceder cientos de documentos en su poder producto del espionaje militar.
Entonces se produjo la ruptura del diálogo de los padres de Ayotzinapa con el Gobierno actual y el presidente prefirió alejarse poco a poco de este tema.
Jesús Murillo Karam, uno de los más afectados por esta investigación incómoda y estancada, permanece en prisión preventiva oficiosa a pesar de su avanzada edad, de no haber sido juzgado por nada y de estar seriamente enfermo del corazón.
El senador Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido injustamente señalados como promotores de las protestas del llamado “portazo” en Palacio Nacional.
Pero la puerta que permanece cerrada es aquella que nos permitiría conocer cuál fue el verdadero papel del Ejército aquel día del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Total, ni verdad ni justicia.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
EEZ
