Se cae el caso García Luna; desde hace dos años se sabía (“¿Se cae el caso García Luna en EU? No importa, la detención de Caro Quintero lo compensaría”, SDPnoticias, 16 de julio de 2022). Una más, tal y como sucede con toda acusación de corrupción que alienta el presente régimen, si está relacionada con sexenios anteriores.
Tanto el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como el de García Luna tienen al menos un elemento en común: sirvieron para que el obradorismo faroleara que buscaba justicia y, con ello, pasar factura —la que fuera— a los gobiernos anteriores. Pero al régimen le ha salido el tiro por la culata.
La determinación que se espera sobre Genaro García Luna en Estados Unidos, y que tenía que haberse dado este primero de marzo, se aplazó nuevamente; hoy se habla de que habrá noticias en seis semanas. Mas, con las pruebas que presentó la defensa del imputado, el juicio mismo puede que termine siendo desestimado. Y de ser ese el desenlace, habrá consecuencias para las autoridades estadounidenses —pero también para las mexicanas— cuyas acciones llevaron a fincarle responsabilidad al reo.
Todo parece indicar que en Nueva York, donde la ley sí es la ley, la fiscalía de ese estado violó las ‘obligaciones Brady’ (los acusadores debían haber revelado todas las evidencias incriminatorias o exculpatorias que tenían en su poder, y no lo hicieron). César de Castro, abogado de García Luna, presentó extenso documento al juez Brian Cogan en el que acusa a la fiscalía neoyorkina de violar reiteradamente la ley. Si demuestra sus dichos, tanto los fiscales como un agente de la DEA pueden terminar en la cárcel. Pero más importante aún, el juicio en contra de García Luna podría dejar de tener validez.
La pregunta que formulé hace ocho meses (esto es, mucho antes de conocer el documento presentado apenas hace unos días por la defensa del ex secretario) tiene vigencia: si se cae el proceso contra Genaro García Luna, ¿los estadounidenses lo mandarían de regreso a México para que aquí se le juzgue? ¿O se le dejaría libre así sin más, como lo ocurrido con Salvador Cienfuegos?
Los testimonios ‘de oídas’ son admisibles, pero siempre y cuando no hayan sido alterados, no partan de unas fuentes comprometidas o flagrantemente falseadas y se haya dado cuenta de ellas a la parte defensora.
Ironías de la exquisita justicia: el mismo razonamiento que considera enclenques los testimonios —y el proceso de obtención de estos— por parte de los agentes de la DEA en contra de López Obrador, aplica para García Luna.
Aunque transcurre fuera de territorio mexicano, este caso (sea que se le procese dentro o fuera de México) podría pasar a ser ejemplificativo de una de las grandes farsas del actual sexenio: ni una sola acusación de corrupción de los sexenios anteriores ha sido sustentada de manera adecuada ni llevada a término. Ni una sola.
Ni contra Rosario Robles, ni contra Alejandra Cuevas, ni contra Emilio Lozoya, ni contra un puñado de laboratorios médicos, ni contra constructores del NAICM, ni contra administradores de fideicomisos públicos, ni contra órganos autónomos o acreditadores.
El sexenio de Andrés Manuel se termina y nada se ha sustentado. Eso sí, en nombre de esa farsa, se ha detenido la marcha del país y se ha trastocado su régimen democrático.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
MAAZ