Tal como lo adelantamos el lunes, el presidente López Obrador presentó iniciativas legales para permitir que ciertos trabajadores obtengan una tasa de reemplazo de 100 por ciento a la hora de llegar a la edad de jubilación.
Esta iniciativa fue bien vista por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que preside Guillermo Zamarripa. La Amafore está integrada por las afores Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Principal, Profuturo, Sura, y XXI Banorte.
La propuesta “tiene congruencia con lo que sucede en otros países, para quienes perciben salarios por encima del promedio, la tasa de reemplazo estatutaria no alcanzará el 100 por ciento.
Para estos casos existen mecanismos como el ahorro voluntario individual que ayudaría a que fueran alcanzables”. La asociación le da un respaldo inicial: “La Amafore […] da la bienvenida al proyecto de reforma presentado hoy por el Ejecutivo Federal”.
En realidad, el cambio legal más importante respecto de las pensiones no es el que pretende ahora el Presidente con su nueva iniciativa, sino el que ya ocurrió con la reforma de hace cuatro años, porque desde entonces se garantizó una tasa de reemplazo de 100 por ciento para los trabajadores que ganan menos.
Lo que ahora se propone es que un número mayor de trabajadores obtenga esa tasa de reemplazo, y no únicamente los que ganaban el salario mínimo. Parte importante de esta iniciativa —y razón por la que la Amafore está de acuerdo— es que se mantiene el sistema de cuentas individuales.
Pero no todo es aplauso con esta iniciativa. El Instituto Mexicano para la Competitividad, por ejemplo, reaccionó negativamente, afirmando que no hay sostenibilidad de largo plazo bajo el nuevo esquema.
También se ha criticado que el llamado “Fondo de Pensiones del Bienestar” tendrá un aporte de una sola vez del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que claramente se agotará pronto.
Que las personas mayores de 65 años tengan derecho universal a una pensión no contributiva es una carga financiera muy pesada para el Estado, sobre todo porque probablemente cuando menos 20 o 25 por ciento de esas personas tiene el dinero suficiente para no requerir ninguna ayuda, con lo que al menos esa parte sería dinero del contribuyente tirado a la basura. En adición, no hay razón para cargarle al Estado la irresponsabilidad de muchos por no haber previsto su retiro.
PODER DEL CONSUMIDOR
La organización “Al Poder del Consumidor” se puso ayer a atacar nuevamente a empresas como Coca Cola, Nestlé, así como al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Nacional Agropecuario. No cesan los ataques supuestamente denunciando malas prácticas por el tema del etiquetado de alimentos. Lo que no ha dicho esa ONG es cuánto ha bajado la diabetes ni la obesidad desde que entraron en vigor esas normas.
POR: CARLOS MOTA
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