Toda expresión de violencia socava paulatinamente las bases de la convivencia comunitaria y lastima sensiblemente a la dignidad de las personas.
Lamentablemente, en la actualidad, hemos perdido la capacidad de sorpresa frente a los actos de violencia. De manera cotidiana somos testigos, o incluso, víctimas de hechos delictivos y de prácticas ilícitas.
El Estado, no en pocas ocasiones, no da una respuesta efectiva para esclarecer los delitos y para poner a disposición de las instituciones de justicia a los responsables de la comisión de los crímenes.
Muchos medios de comunicación han normalizado el reporte de estos flagelos y las redes sociales masifican su difusión. Por supuesto que transmitir la información es una libertad constitucional y ello en sí mismo no representa algo indebido.
El problema de fondo es no asumir una postura contundente en contra de la violencia. No es admisible la frivolidad. Resulta indispensable repudiar con claridad la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Más si se trata de actos delictivos.
También es necesario fomentar la cultura de la paz y la tolerancia. No es correcto ser neutral cuando nos enteramos de una noticia que se refiera a la violencia. Es mucho lo que debemos hacer en las familias, en las escuelas, en las iglesias y en las asociaciones civiles para educarnos en una civilidad democrática.
Los gobernantes y los servidores públicos tienen mucha responsabilidad y deben dar ejemplo de asumir una posición tajante contra la violencia.
Para que un país se desarrolle y se consolide es menester contar con condiciones mínimas de paz social.
La paz como derecho humano comprende varios derechos, a saber: la seguridad pública, el desarrollo y un medio ambiente sustentable, las libertades ideológicas, de conciencia, de expresión y de opinión, así como la libertad de acción civilizada frente a prácticas autoritarias,
De acuerdo con el párrafo tercero del artículo primero de nuestra Constitución General de la República toda autoridad, sin excepción, tiene la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos, entre otros, el derecho a la paz.
Ese mandato constitucional representa una gran responsabilidad para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Implica necesariamente el diseño y la ejecución de políticas públicas encaminadas al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Si se pone en práctica en el caso de la paz tendríamos un cambio sustancial y habría un mejoramiento sin igual en nuestra convivencia democrática.
Así como es de importante la paz interior para el desenvolvimiento de todo ser humano, es muy trascendente la paz y la convivencia con tolerancia para el crecimiento de toda nación.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ
CONSTITUCIONALISTA
@ARMANDOALFONZO
MAAZ
